Entre enero y octubre de 2022, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha documentado el cierre de 79 estaciones de radio en todo el país, un promedio de casi 8 emisoras por mes. Salvo un caso en el estado Bolívar, en el resto de los incidentes reportados aparece como responsable la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
La acción arbitraria del estado ha afectado 16 de los 24 estados del país, donde se registran cierres de emisoras, es decir, 66,6% del territorio. Las entidades más afectadas son Zulia (23), Sucre (11), Táchira (10), Cojedes (6) y Falcón (6). Le siguen Yaracuy (4), Carabobo (3), Monagas (3), Anzoátegui (2), Barinas (2), Guárico (2), Nueva Esparta (2), Portuguesa (2), Bolívar (1), Lara (1) y Miranda (1).
Algunos de los cierres fueron denunciados públicamente por el SNTP en la oportunidad en que ocurrieron, mientras que otros forman parte de una relatoría privada por petición de los afectados, quienes alegan temor por mayores represalias o estar en medio de procesos de negociación para retomar las transmisiones.
A partir de la documentación y entrevistas realizadas, fácilmente podemos inferir que han ocurrido más cierres durante estos 10 meses de 2022, pero los directivos de esas radios optan por guardar silencio.
Es importante mencionar los casos de las estaciones Líder 106.7 FM (Carabobo) y Azukar 100.5 FM (Monagas), ambas fueron sacadas del aire por Conatel con el argumento de vencimiento de la concesión, pero a los pocos días encendieron sus transmisores y hoy están activas.
Arbitrariedad oficial
Con relación a las formas y los argumentos utilizados por Conatel para ordenar el cierre, en todos los casos se evidencia la ausencia del debido proceso y el derecho a la defensa. No existen documentos escritos, citaciones ni órdenes en las que se especifique la instrucción o se detallen la razones.
Cuando algún funcionario visita las emisoras, constatamos que en ocasiones lo hacen sin identificación y dan órdenes verbales. Sin embargo, en más del 80% de los cierres, Conatel gira instrucciones telefónicamente.
La documentación hecha por el SNTP, a través de sus delegados voluntarios en todos los estados del país, revela que Conatel estaría alegando como causa el vencimiento de las concesiones o la extinción de las mismas. Sin embargo, y también por entrevistas y testimonios recogidos, lo que hay detrás son condiciones y requisitos inviables para los operadores o ausencia de respuesta frente a la solicitudes de renovación y habilitación.
Conatel se vale del silencio administrativo para mantener la presión y la vigilancia sobre las estaciones de radio. Dicho silencio termina convirtiéndose en una negativa para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de información, sin que se ofrezcan explicaciones. Los solicitantes, además, quedan en un limbo que genera censura y autocensura.
El manejo descrito para la asignación y renovación de concesiones es arbitrario. La discrecionalidad de Conatel configura una violación a la libertad de expresión en los términos en que la definen estándares internacionales.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que «No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares (…) de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones».
No hay condiciones
Eduardo Jaime, director de Bahía 102.5 FM (cerrada en Cumaná-Sucre), instó a Conatel a que nombre unas comisiones en los estados para facilitar la regularización, a revisar las exigencias del proyecto que se debe consignar y cuya elaboración, dijo, costaría cerca de 10 mil dólares.
Triunfo 99.3 FM estuvo al aire hasta febrero de 2022. La emisora registrada a nombre de la municipalidad de Ospino, en Portuguesa, permaneció activa hasta que la oposición ganó las elecciones en esa alcaldía.
Enris Gutiérrez, director de la emisora Sur de Lago Stereo, unas de las 23 cerradas en el estado Zulia, explicó que la orden le fue dada a través de una llamada telefónica, Pidió que se revise el procedimiento para que la población pueda mantenerse informada. Precisó que la emisora era de corte cultural e informativo
De acuerdo con los directivos de algunas de las emisoras cristianas cerradas en el estado Zulia, se introdujeron proyectos de habilitación en Conatel desde el año 2004 y hasta el 2014, pero nunca recibieron respuesta hasta que llegó la orden de cierre.
El abogado de Súper 101.5 FM (cerrada en Miranda), José Luis Azuaje, informó al SNTP que la emisora ha cumplido con todos los requisitos exigidos por Conatel. Sin embargo, desde hace al menos 7 años espera respuesta de este organismo sobre su concesión.
Agoniza la radio
Desde el SNTP alertamos sobre las graves consecuencias que para el país tiene el cierre sistemático de estaciones de radio. Se trata de una acción que debilita aún más las garantías para los derechos a la libertad de expresión y de información, además de que reduce los espacios para el debate público sobre temas que son de interés general.
Denunciamos la actuación arbitraria y discrecional de Conatel en relación con la habilitación y renovación de concesiones. Demandamos del Estado políticas que promuevan las comunicaciones y el flujo de información, tan necesario en toda sociedad democrática y plural.
Exigimos transparencia en la administración del espectro radioeléctrico, hasta ahora hundido en la opacidad. Los venezolanos tienen derecho a saber cuántas y cuáles emisoras han sido cerradas, bajo qué argumentos, por órdenes de quién, el estatus de las solicitudes de renovación o habilitación y las estrategias de Conatel para fomentar la actualización de los operadores.
Finalmente, reclamamos garantías para el pleno disfrute del derecho al trabajo. Más de mil trabajadores directos han resultado afectados por el cierre de estas emisoras de radio.
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