Familiares y cientos de seguidores de Pedro Castillo protestaron este jueves frente al cuartel policial donde permanece encarcelado el expresidente peruano, tras la condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión dictada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema por conspiración para la rebelión.
Los manifestantes, mayoritariamente de zonas rurales donde Castillo conserva popularidad, gritaron «Fuerza presidente» y «Por justicia y dignidad, Castillo libertad», portando banderas y pancartas.
José Mercedes Castillo, hermano del sentenciado, encabezó la concentración y denunció que el fallo persigue a un «hombre que busca justicia». «No le vamos a dejar», afirmó, agradeciendo el apoyo del «pueblo peruano». Su hermana Carmen Castillo expresó indignación y confió en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para obtener justicia, al considerar fallida la vía nacional.
Una manifestante alertó a EFE que «no acaban de sentenciar a Pedro Castillo, han sentenciado al pueblo que votó en las urnas», convocando a un levantamiento para defender el voto popular.
Contexto del fallido autogolpe de 2022
El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció la disolución temporal del Congreso opositor, intervención judicial y gobierno por decretos ante una moción de vacancia por corrupción. La maniobra fracasó minutos después; fue detenido camino a la Embajada de México, donde su familia obtuvo asilo, y destituido por el Legislativo.
La Fiscalía rebajó la pena de 34 años por rebelión a conspiración al no consumarse el golpe. El fallo, de primera instancia, incluye inhabilitación y reparación civil, agravando divisiones políticas en Perú.
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