Sindicatos, agrupaciones políticas de izquierda y movimientos sociales de Argentina reactivaron este miércoles un ‘plan de lucha’ contra las medidas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei. En medio de un importante operativo de seguridad, las organizaciones marcharon hacia el Congreso, en Buenos Aires, para sumar sus reclamos a las concentraciones que los jubilados realizan semanalmente para denunciar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación. «Estamos aquí protestando contra las políticas de ajuste», señaló Oscar Bordalotta, representante del Plenario de Trabajadores Jubilados.
Unidad sindical y ruta hacia la huelga general
La jornada de protesta contó con la convergencia de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la CTA Autónoma, así como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Dirigentes gremiales y legisladores enfatizaron que esta manifestación busca sentar las bases para una nueva huelga general en rechazo a los despidos y las suspensiones laborales. En el horizonte de protestas se contemplan movilizaciones el 7 de agosto, marchas hacia el Ministerio de Economía a mediados de ese mes y la participación en encuentros convocados por la Iglesia católica en septiembre.
Impacto en el mercado laboral y cierre de empresas
Las reclamaciones sindicales se sustentan en informes económicos recabados en los últimos meses. Según datos del Centro de Economía Política Argentina, entre el inicio de la actual administración y el mes de abril se registró el cierre de 28.262 empresas y la pérdida de más de 340.000 empleos formales. A su vez, los indicadores oficiales situaron el desempleo en un 7,8 %, acompañados por un nivel de informalidad laboral que alcanzó un máximo histórico de 44,2 %.
Cero en la capacidad de compra del salario mínimo
El poder adquisitivo de la población refleja el impacto del ajuste macroeconómico. De acuerdo con el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), el salario mínimo en el país acumula una pérdida de cerca del 40 % en su capacidad de compra en el marco de la actual gestión. Los estudios indican que el ingreso básico vigente apenas cubre la mitad de la canasta básica alimentaria que delimita la línea de indigencia para un hogar promedio, lo que ha avivado la conflictividad social en los principales centros urbanos.
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