Sindicatos, organizaciones indígenas y diversos sectores sociales de Colombia preparan una jornada de movilización nacional para este miércoles. La protesta constituirá el primer examen de peso sobre el nivel de contestación popular al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que cumple dos meses de haber asumido el poder.
La convocatoria aglutina reivindicaciones de carácter laboral, educativo y territorial, al tiempo que expresa el rechazo de las organizaciones civiles ante las primeras disposiciones de la administración central y las iniciativas orientadas a reformar la regulación de las manifestaciones en la vía pública.
En el sector educativo, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) llamó a los docentes a sumarse a la jornada en defensa de la educación pública, las garantías laborales y la atención médica del gremio. Entre los reclamos prioritarios destaca la exigencia de un plan de reparación y reconstrucción de la infraestructura escolar afectada por el sismo registrado el pasado 10 de agosto. La junta directiva de la gremial busca articular esfuerzos con otros movimientos para encarar lo que califican como una campaña de estigmatización contra la labor docente.
Por su parte, en la capital del país, la Asociación Distrital de Educadores (ADE) oficializó la convocatoria a un paro de 24 horas. La organización denunció el incumplimiento de pactos colectivos por parte de la Secretaría de Educación, así como la aplicación de retenciones salariales y procedimientos sancionatorios a educadores que participaron en protestas previas.
Articulación indígena en el suroeste colombiano
En paralelo, cuatro organizaciones indígenas del suroeste del país realizan una cumbre en el departamento del Cauca con el propósito de unificar criterios y adherirse a la jornada nacional.
Edinson Peña, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), señaló que la protesta responde a medidas ejecutivas que atentan contra la autonomía de los pueblos originarios. Entre los puntos de mayor discrepancia figuran las políticas de impulso al extractivismo, la proyección de megaproyectos en zonas resguardadas y los señalamientos del Ejecutivo hacia las autoridades tradicionales.
«La protesta es el único instrumento que nos queda a los pueblos indígenas y a las organizaciones sociales para poder ser escuchados y exigir el cumplimiento de nuestros derechos», aseveró Peña.
Polémica por el uso de la fuerza pública y el Estatuto Antiterrorista
El ambiente de movilización coincide con la propuesta oficial para reestructurar los protocolos de actuación de la fuerza pública durante manifestaciones. El Gobierno argumenta que la medida busca resguardar la protesta pacífica y fijar parámetros para el abordaje de disturbios, bloqueos de vías e interrupción de servicios. No obstante, organismos defensores de derechos humanos alertan sobre la posible ampliación del margen de discrecionalidad policial y la erosión de las mesas de diálogo.
El debate se intensifica con el proyecto de Estatuto Antiterrorista impulsado por el Ejecutivo, iniciativa orientada a dotar al Estado de mayores facultades operativas y jurídicas frente a estructuras armadas. Desde la oposición, voceros y parlamentarios advierten que el articulado podría derivar en la criminalización de la protesta social al flexibilizar los tipos penales y permitir medidas cautelares sobre ciudadanos o colectivos sin condena previa.
Esta jornada forma parte de un ciclo de protestas que contempla la posibilidad de un paro nacional en noviembre, en medio de una coyuntura social precedida por recientes manifestaciones en el sector cultural, movilizaciones por los derechos reproductivos y marchas en materia de política exterior.
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