La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió este miércoles sobre una «grave amenaza» para el ejercicio periodístico en Brasil y el establecimiento de un «peligroso precedente» tras la orden emitida por el Supremo Tribunal Federal (STF) para identificar y procesar a la fuente confidencial del periodista Luís Pablo Conceição Almeida.
El organismo manifestó su profunda preocupación por la violación de la reserva de las fuentes a raíz de una disposición adoptada por el ministro del STF, Alexandre de Moraes. La medida ordenó un allanamiento contra el exsecretario de Seguridad Pública del estado de Maranhão, Raimundo Cutrim, a quien la Policía Federal señala de haber suministrado información al comunicador.
Las actuaciones judiciales se derivan de una serie de reportajes difundidos por Conceição sobre el presunto uso irregular de vehículos oficiales del Tribunal de Justicia de Maranhão por parte de familiares del ministro del STF y exministro de Justicia, Flávio Dino. Mientras las autoridades indagan la filtración de dichos datos, las denuncias sobre el uso indebido de los bienes públicos continúan en fase de investigación.
Revisión de equipos e impacto en la prensa
La defensa de Cutrim confirmó que la acción en su contra se fundamentó en el peritaje de los dispositivos electrónicos incautados al editor del Blog do Luís Pablo durante un procedimiento policial ejecutado en marzo, operativo que la SIP había tildado previamente de «medida intimidatoria».
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, calificó el hecho como alarmante. «Es especialmente grave que la investigación haya permitido llegar hasta una fuente periodística mediante la revisión de los dispositivos incautados a un periodista. La protección de las fuentes confidenciales no constituye un privilegio del comunicador, sino una garantía indispensable para que los ciudadanos puedan proporcionar información de interés público sin temor a represalias», aseveró.
En esa misma línea, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información del organismo, Martha Ramos, enfatizó que el fallo debilita los cimientos del periodismo de investigación. «Si las fuentes no pueden confiar en que su identidad será resguardada, se destruye una de las condiciones esenciales para el trabajo informativo», advirtió.
Rechazo institucional
La SIP reiteró que vulnerar el secreto profesional transgrede los tratados internacionales en materia de derechos humanos y libertad de expresión.
A esta condena se sumaron la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ), la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (ABERT) y la Asociación Nacional de Editores de Revistas (ANER), organizaciones que catalogaron el accionar del máximo tribunal brasileño como un antecedente sumamente preocupante para las garantías democráticas de la región.
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