Miami, 23 abr (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó este viernes al Gobierno de Bolivia a «abstenerse de participar y promover campañas de descrédito y estigmatización del trabajo informativo», al considerar que ataques contra periodistas provienen de cuentas anónimas en redes sociales vinculadas con el Estado.
En una de las resoluciones que dan término este viernes a la reunión semestral de la SIP, el organismo pidió además a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo del país andino identificar y procesar a los responsables de ataques violentos contra reporteros que realizan la cobertura informativa de conflictos.
La resolución de la SIP, organzación con sede en Miami, consideró también que «la campaña gubernamental para demostrar que la renuncia del expresidente Evo Morales se debió a un golpe de Estado ha incrementado la violencia contra periodistas».
Un informe presentado durante la reunión de medio año de la SIP, que concluye hoy, alertó sobre los rasgos de «preocupante violencia» en agresiones a periodistas y una pasividad de las autoridades ante estos sucesos.
El documento sostiene que el Gobierno del actual presidente Luis Arce estuvo «enfocado en instalar una campaña orientada a mostrar que en el país hubo un golpe de Estado» en referencia a la crisis social y política de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia tras las fallidas elecciones generales de octubre de ese año.
Igualmente, en un panel en el que se expusieron agresiones contra periodistas y medios en el continente americano, el periodista boliviano Jorge Carrasco señaló que «este año la mayoría de las agresiones (a comunicadores) vienen de grupos que apoyan al Gobierno» de Arce, del mismo partido que el expresidente Evo Morales.
La situación con los ataques a la prensa «no está en los niveles de cuando (ejercía el expresidente) Evo Morales, pero la tendencia es preocupante y las investigaciones para dar con los responsables no avanzan», señaló.
Según recordó Carrasco, durante el Gobierno de Morales «se fundó un sector: ‘los guerreros digitales’, una oficina que tenía que ver con redes sociales y era dirigida desde el Gobierno. Eso ha empezado a retomarse otra vez», afirmó.
En otra de sus consideraciones, la resolución de la SIP sobre Bolivia invoca el artículo 106 de la Constitución Política del Estado, que «garantiza a las trabajadoras y trabajadores de la prensa la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información».
La SIP exhortó asimismo al Gobierno de Arce a salvaguardar y defender los principios constitucionales que protegen el trabajo de periodistas, editores y directores de medios de información.
EFE
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