This handout pictured released by the Venezuelan Public Prosecutor's Office on April 9, 2024, shows former Venezuelan oil minister Tareck El Aissami (C) escorted by members of the National Anti-Corruption Police following his arrest, in Caracas. Venezuelan authorities announced on April 9, 2024, the arrest of influential ex-oil minister Tareck El Aissami, who had resigned from his post last year amid a corruption scandal at state oil company PDVSA. (Photo by Handout / Venezuelan Public Prosecutor's Office / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / VENEZUELAN PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

En el juicio del caso Pdvsa-Cripto se está presentando una nueva situación irregular. Para este lunes 1 de junio estaba prevista la continuación del proceso judicial; sin embargo, fuentes familiares que esperaban desde tempranas horas de la mañana denunciaron que las autoridades se negaron a trasladar a los detenidos al Tribunal Supremo de Justicia.

Únicamente fueron trasladados los que están recluidos en el Sebin.Tras varias horas de espera, los procesados de los centros penitenciarios Rodeo I, Las Crisálidas y Yare, que son responsabilidad de la Dgcim, no fueron trasladados a la sede del Tribunal Tercero de Juicio con Competencia en Delitos Asociados al Terrorismo.

Ante esta situación, la jueza anunció que el juicio para estos acusados se realizaría de manera telemática. La propuesta fue rechazada de forma unánime y contundente por los abogados defensores, quienes denunciaron que los imputados han sido objeto de múltiples violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso.

Los defensores explicaron que continuar el juicio sin la presencia física de los acusados constituye una «grave irregularidad procesal». Asimismo, consideran que esta situación forma parte de una estrategia que contribuye a retrasar aún más el desarrollo del proceso judicial.

Los abogados se opusieron firmemente a la realización de una audiencia telemática y manifestaron que no aceptarían la continuación del debate en esas condiciones. Como consecuencia de la controversia planteada, la audiencia prevista para este lunes fue suspendida.

Los abogados de los imputados advirtieron que se trata de una táctica dilatoria muy utilizada por el Gobierno, tanto que este caso, que fue denunciado por el Ministerio Público en 2003, empezó sus audiencias en 2026. En este sentido, los defensores privados subrayaron que «el Gobierno está tratando de evitar que el juicio continúe debido a que se han ventilado en las audiencias acusaciones sobre graves violaciones cometidas directamente por la familia presidencial, Nicolás Maduro y Cilia Flores, el fiscal general, Tarek William Saab, y otras figuras cercanas al alto Gobierno».

Los detenidos y sus familiares permanecen a la espera de una próxima fecha para la nueva audiencia. Tareck El Aissami figura entre los principales acusados del caso Pdvsa-Cripto.

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