Personas realizan compras en un supermercado, en Santiago (Chile), en una fotografía de archivo. EFE/Elvis González

Venezuela ha pasado por unos 60 aumentos de salario mínimo sin que esto se traduzca en poder de compra y, por lo tanto, bienestar para la población. La última vez que el salario mínimo cubrió la canasta alimentaria – y a duras penas – fue en 2013.

El salario mínimo de Venezuela se encuentra entre los cuatro más bajos del planeta. Puede costear apenas 1 % de una canasta alimentaria que de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas), costó 523,29 dólares en mayo.

Continúan las discusiones para fijar un nuevo salario mínimo en el Foro de Diálogo Social en el que participan la Organización Internacional del Trabajo (OIT), gremio empresarial (empleadores), algunos sindicatos de trabajadores y el Gobierno nacional.

Este último ha demostrado no tener hasta el momento la voluntad política para solucionar el problema toda vez que responsabiliza de la crisis a las sanciones internacionales y pide a los trabajadores resistir.

Pasó el primero de mayo, y el Ejecutivo nacional no aprobó un nuevo incremento salarial pese a que la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y economistas señalaron que era posible un aumento salarial de al menos 130 dólares. Esta decisión afectó a la mesa de dialogo e hizo polvo la seguridad social en Venezuela.

Especialistas coinciden en que es importante apoyar las propuestas del aumento salarial para mejorar las condiciones de vida de las bases obreras, pero también urge abordar los problemas estructurales de la economía que destruyeron el salario y la capacidad de compra de las personas.

A lo largo del tiempo expertos han concordado en que ningún incremento salarial sería sostenible frente a la inflación sin cambios estructurales profundos en la economía del país que permitan aumentar la producción y la productividad.

En ese contexto, el economista y director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO) Manuel Sutherland hace una serie de planteamientos económicos y políticos que, a su juicio, sentarían las bases de un aumento salarial sostenible.

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