Tras 22 días de vigilia permanente y más de una semana de huelga de hambre en la sede de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), la clase trabajadora, jubilados y pensionados de las empresas básicas del estado Bolívar se encuentran a la expectativa de recibir una respuesta oficial este miércoles por parte del ministro y presidente de la CVG, Héctor Silva.
La protesta, que ha mantenido firmes a dirigentes sindicales y laborales a pesar del desgaste físico, busca concretar una alternativa económica viable frente a la crisis que atraviesa el sector industrial de la región.
Bono sustitutivo de 1.200 dólares
Hugo Medina, presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del Estado Bolívar y uno de los huelguistas, aclaró que la exigencia actual no se centra en la discusión de convenciones colectivas, cuyas cláusulas se encuentran suspendidas.
En su lugar, proponen un bono sustitutivo de utilidades fijado en 1.200 dólares lineales para activos, jubilados y pensionados.
«Pueden ellos argumentar que el memorando 2792 suspende los contratos colectivos. Nosotros tenemos muy claro que nuestras empresas básicas se encuentran en esas condiciones a producto del sistemático y destructivo genocidio industrial que cometieron contra ellas (…) Si aplicáramos las utilidades tal como las establecen nuestros contratos colectivos, el trabajador que menos percibiera debería llevarse entre 3.700 y 4.000 dólares. No estamos fuera de la realidad; estamos siendo objetivos», enfatizó Medina, quien acumula 19 años de servicio y reporta una pérdida superior a los 5 kg de peso debido al ayuno prolongado.
Por su parte, Isnaldo Rodríguez justificó la decisión estratégica de centrar la lucha en un monto directo y no en la reapertura de contratos colectivos.
«Sabemos qué nos deben: vacaciones, cláusulas socioeconómicas, juguetes… Pero estábamos enfocados en que si empezábamos a discutir convención colectiva con esta gente, sabiendo que no hay estado de derecho, ¿cuándo íbamos a obtener algo satisfactorio? Por eso tomamos la decisión de arrancarle algo», indicó.
Reclamo de los recursos
Los voceros laborales denunciaron una marcada contradicción entre la precaria situación económica de la masa obrera y el potencial de la región guayanesa.
De acuerdo con los datos aportados por Medina, solo en la localidad de El Callao se extraen mensualmente 40 toneladas de oro —equivalentes a unos 5.360 millones de dólares—, mientras que el monto total requerido para cubrir la demanda de todo el conglomerado de trabajadores asciende a 96 millones de dólares.
Asimismo, cuestionaron el destino de los recursos provenientes de la explotación de coltán, rodio, uranio, hierro, acero y aluminio, insistiendo en que el problema principal no es la falta de ingresos, sino la falta de voluntad política en la administración de los bienes del Estado.
Advertencia y llamado a la base obrera
César Marcano, otro de los referentes de la protesta, advirtió que el sector se mantiene firme y preparado para evaluar nuevas acciones de calle en caso de que la respuesta gubernamental de esta tarde resulte negativa.
Asimismo, Marcano lanzó una advertencia directa a los gerentes de empresas como Sidor y Ferrominera: «No sigan amedrentando a los trabajadores (…) Esos presidentes que están allí se van, pero ustedes son los que quedan dando la cara. No se inmolen, porque después los trabajadores les pasarán factura. La clase obrera se respeta y está aquí en pie de lucha».
Se espera que en las próximas horas se concrete el encuentro con el ministro Héctor Silva y se defina el rumbo de este conflicto laboral que mantiene en vilo a la comunidad guayanesa.
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