Un grupo de trabajadores y ONG de Venezuela presentaron una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la violación del derecho a acceder a la justicia. La denuncia surge tras casi tres años sin respuesta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a una acción de amparo constitucional que buscaba garantizar el derecho a un «salario suficiente».
Según un comunicado de la ONG Surgentes, los denunciantes solicitan que la ONU reconozca la imposibilidad de obtener justicia internamente debido a la conducta del Estado venezolano. Además, piden que se constate la violación continuada del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos por parte del Estado y se exija como reparación inmediata el acceso a copias del expediente judicial, su admisión y un pronunciamiento motivado del TSJ, así como reformas para evitar el «silencio procesal».
La acción de amparo fue presentada el 25 de julio de 2023, reclamando protección frente a la falta de aumento del salario mínimo y la política de bonificaciones que anula beneficios laborales como prestaciones sociales, bono vacacional y utilidades. Sin embargo, el TSJ ha mantenido un «silencio institucional absoluto», sin admitir o rechazar el recurso, fijar audiencias ni permitir acceso al expediente.
Antonio González Plessmann, miembro de Surgentes, afirmó que acudieron al TSJ para proteger su derecho al salario suficiente, pero terminaron violando su derecho a la justicia.
El 30 de abril, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un aumento del ingreso mínimo a 240 dólares para trabajadores y 70 dólares para pensionados, basado en bonificaciones que no afectan beneficios laborales, lo que generó rechazo en sindicatos del sector público. Mientras tanto, el salario mínimo oficial se mantiene desde 2022 en 130 bolívares, equivalentes a unos 22 centavos de dólar, igual que las pensiones.
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