
Trabajadores venezolanos se movilizaron este viernes en Caracas para exigir un aumento digno del salario mínimo y manifestar su rechazo a la política de ingresos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La protesta se centró en la denuncia de que los incrementos anunciados se basan en bonificaciones que no impactan en vacaciones, aguinaldos ni prestaciones sociales.
La concentración, que partió desde el este de la capital hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, estuvo encabezada por dirigentes como Pablo Zambrano, secretario de Fetrasalud. El representante sindical enfatizó que el sector siente que les han «arrebatado» sus derechos históricos, pues el énfasis en los bonos anula la incidencia legal del salario. En el lugar, la defensora Eglée González Lobato recibió a los manifestantes y se comprometió a mediar ante las autoridades competentes.

Brecha entre el ingreso oficial y la canasta básica
Carlos Timaure, del Comité Nacional de Conflicto, calificó la situación actual como de «miseria y empobrecimiento». Criticó que, aunque el «ingreso mínimo integral» se elevó a 240 dólares, el salario mínimo base permanece congelado desde 2022 en 130 bolívares, equivalentes hoy a apenas 27 centavos de dólar. Esta cifra dista drásticamente de los 600 dólares mensuales que las ONG estiman necesarios para cubrir la canasta alimentaria de una familia de cinco integrantes.

Incertidumbre entre jubilados y pensionados
La población de la tercera edad también expresó su descontento. Rosa Cacique, una de las asistentes, manifestó sentir «impotencia» ante el anuncio de que los jubilados recibirán el equivalente a 70 dólares mensuales. La falta de claridad sobre si este monto representa un aumento real de la pensión o un bono discrecional genera angustia en un sector que exige libertad económica para adquirir productos básicos sin imposiciones estatales.
Críticas a la ambigüedad del anuncio gubernamental
Diversos activistas y organizaciones han calificado el mensaje de Delcy Rodríguez como «ambiguo». Carlos Trapani, coordinador de Cecodap, advirtió a través de sus redes sociales sobre la necesidad de leer con cuidado las cifras, señalando que el anuncio no precisa cuánto corresponde a salario real. En los últimos años, el Ejecutivo ha priorizado el pago de bonos de alimentación y de «guerra económica» —que sumaban 190 dólares antes del ajuste— como una vía para evitar el incremento de los pasivos laborales.
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