Comerciantes y distribuidores de material de construcción en el municipio Gran Sabana enfrentan una serie de dificultades administrativas e inspecciones recurrentes por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera (SENAFIN).
Según expone la Cámara de Industria, Producción y Comercio de la localidad, estas revisiones y la inhabilitación de accesos en los sistemas de despacho han generado retrasos e incomodidad en el sector, a pesar de que los negocios afirman contar con la documentación legal, facturación al día y guías de movilización correspondientes.
Entre los principales contratiempos señalados destaca la imposibilidad de realizar entregas directas desde los transportes de carga hacia las obras en construcción, aun cuando los clientes poseen sus permisos municipales vigentes. Esta situación obliga a descargar el producto en los locales comerciales para su posterior traslado, lo que representa un esfuerzo logístico adicional y un incremento en los costos de operación.
Asimismo, la representación gremial ha expresado sus dudas respecto a la competencia regulatoria sobre el cemento, al considerarlo un rubro industrial manufacturado para la edificación y no un recurso de extracción minera.
Inicio del problema
El origen de este escenario se remonta al pasado mes de mayo, cuando se presentó la suspensión de los códigos de despacho en el sistema SACPRO de la Corporación Socialista del Cemento (CSC), medida que afectó el flujo de inventario de la mayoría de las empresas de la zona.
Tras diversas gestiones gremiales y la presentación de informes ante las autoridades nacionales e instituciones del sector, a principios de junio se logró concretar el despacho de las cargas que se encontraban pendientes de entrega.
Pese a dicho avance, los voceros de la cámara empresarial indican que persisten las limitaciones de acceso al sistema de despacho y la frecuencia de las fiscalizaciones en los puntos de control y establecimientos.
En este sentido, la abogada María Febres, vicepresidenta del gremio empresarial de Gran Sabana, hizo un llamado a las autoridades municipales e institucionales para propiciar un espacio de diálogo y entendimiento institucional que garantice el libre tránsito, el ejercicio del comercio lícito y el abastecimiento de insumos básicos para el desarrollo de las comunidades fronterizas.
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