Bruselas.- La Unión Europea insistió este lunes en que está en manos de los Estados miembros la aplicación de sanciones como las que pesan sobre la vicepresidenta venezolana ejecutiva, Delcy Rodríguez, que hizo una escala en Madrid de camino a Turquía el 19 de enero.
«Sobre el tránsito, sobre la definición de si un caso es una infracción o no, es como el viernes, no voy a entrar en ello», recalcó en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea la portavoz Virginie Battu, en referencia a la misma posición que ya comunicó la semana pasada sobre el caso, y reiteró que corresponde a los Estados miembros en cuestión abordar cada caso específico.
Entonces, los periodistas preguntaron por el encuentro mantenido por el ministro español de Transportes, José Luis Ábalos, en el aeropuerto madrileño de Barajas con Rodríguez, a quien la UE decidió en junio de 2018 congelar los activos que pudiera tener en territorio comunitario y prohibir la entrada en el mismo.
En el marco de la crisis venezolana, los países de la UE la consideraron responsable de haber «violado derechos humanos y socavado la democracia y el Estado de Derecho».
Battu dejó claro hoy que «verdaderamente corresponde a las autoridades nacionales evaluar esta situación», en concreto en el caso de España al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Preguntada por el estatus del espacio de tránsito internacional de un aeropuerto, si se considera territorio de un país, respondió que es un asunto «complicado» y que «por ello» corresponde a los Estados miembros «analizar caso por caso».
El portavoz jefe de la CE, Eric Mamer, añadió que no tenían nada más que comentar sobre el asunto y señaló que «les referimos a las autoridades españolas para cualquier clarificación».
EL JEFE DE LA DIPLOMACIA COMUNITARIA CORROBORA QUE LAS SANCIONES DEPENDEN DE LOS PAÍSES
Desde Berlín, donde se reunió con su homólogo alemán de Exteriores, el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, confirmó que son las autoridades nacionales de los Veintiocho quienes tienen que hacer cumplir las sanciones.
«No sé si se ha cometido una violación» de las sanciones, señaló Borrell al ser interrogado sobre esta cuestión, sobre la que dijo no tener «información específica».
Sí que dejó claro que son «las autoridades nacionales» las que «tienen que cumplir y velar por el cumplimiento de las sanciones» impuestas por la UE.
Ábalos ha defendido que se trató de un mero encuentro de 20 o 25 minutos, por motivos de cortesía, y que no se violaron las sanciones europeas que se le impusieron a Venezuela en su día, y que incluyen impedir la entrada en la UE de 25 altos cargos del país caribeño, incluida Delcy Rodríguez.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, justificó este domingo a su ministro de Transportes y dijo que con su actuación trató de «evitar una crisis». El PP, por su parte, ha exigido el cese de Ábalos y ha pedido explicaciones de los hechos al Ejecutivo.
LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA UE, EN MANOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS
En la Unión Europea, la Política Común Exterior y de Seguridad (CFSP) es competencia de los Estados miembros.
Las sanciones se deben aprobar por unanimidad y se publican en el Diario Oficial de la UE las actas legales acordes, pero la responsabilidad de su aplicación recae en cada Estado miembro.
Se considera en cualquier caso una coordinación de posiciones entre los países y una herramienta de diplomacia de la Unión.
SANCIONES A DELCY RODRÍGUEZ
El 25 de junio de 2018 el Consejo de la UE impuso a Rodríguez las mencionadas sanciones, que ella recurrió en septiembre de ese mismo año ante el Tribunal General comunitario.
Al sancionarla, los Estados miembros consideraron que fue presidenta de la Asamblea Constituyente «ilegítima» impulsada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y que fue miembro de la Comisión Presidencial para dicha Asamblea.
«Sus acciones en el marco de la Comisión Presidencial y, a continuación, como presidenta de la Asamblea Constituyente ilegítima han menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, en particular mediante la usurpación de las competencias de la Asamblea Nacional y su utilización para atacar a la oposición e impedirle su participación en el proceso político», señaló el tribunal.
EFE
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