Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) se preparan para ratificar este martes una nueva actualización de su lista de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal.
Según adelantaron fuentes diplomáticas, la revisión semestral del grupo de los Veintisiete traerá consigo movimientos significativos, confirmando que la presión del bloque sobre la transparencia internacional se mantiene firme.
En esta ocasión, la mirada vuelve a posarse sobre Panamá, país que no ha logrado salir del repertorio al no cumplir, bajo los estándares europeos, con las reformas necesarias para garantizar una fiscalidad justa y transparente, informa Banca y Negocios.
Nuevas incorporaciones y salidas estratégicas
La actualización no solo ratifica permanencias, sino que amplía el radar de vigilancia. Se prevé la incorporación de Vietnam y el archipiélago de Turcos y Caicos al grupo de territorios señalados.
Estos movimientos responden a la evaluación técnica que realiza la UE sobre cómo estas jurisdicciones gestionan el intercambio de información y la implementación de normas globales contra la erosión de la base fiscal.
En la otra cara de la moneda, se encuentran Fiji, Samoa y Trinidad y Tobago. Estos tres territorios abandonarán la lista tras haber demostrado avances o compromisos suficientes ante los organismos europeos, logrando así una mejora en su estatus diplomático y financiero frente al bloque comunitario.
Una radiografía de la lista actual
Una vez aprobada la resolución, el listado definitivo quedará compuesto por diez jurisdicciones: Samoa Americana, Anguila, Guam, Palau, Panamá, Rusia, las Islas Vírgenes estadounidenses, Vanuatu, Vietnam y Turcos y Caicos.
Este mecanismo, que opera de forma ininterrumpida desde 2017, busca señalar a aquellos territorios que facilitan la planificación fiscal agresiva o el traslado de beneficios, prácticas que merman las arcas públicas de los Estados miembros.
Repercusiones y medidas de control
Aunque figurar en este registro no implica sanciones económicas directas impuestas por la UE de forma conjunta, las consecuencias no son menores. La normativa prohíbe que los fondos europeos transiten a través de entidades radicadas en estos puntos. Además, las jurisdicciones señaladas se enfrentan a medidas administrativas rigurosas, como auditorías mucho más frecuentes y una vigilancia estrecha de sus flujos financieros.
Asimismo, cada Estado miembro de la Unión Europea mantiene la potestad de aplicar, a nivel nacional, penalizaciones adicionales que pueden complicar las relaciones comerciales y bancarias con estos territorios.
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