Bolivia se ha transformado en los últimos años en un centro neurálgico para las operaciones de grandes organizaciones del narcotráfico transnacional. Así lo confirmó en entrevista con EFE la representante en el país de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Mónica Mendoza, quien destacó que el actual Gobierno de Rodrigo Paz ha reconocido la gravedad del fenómeno, abriendo una oportunidad para reestructurar la estrategia nacional contra el crimen organizado.
Según el diagnóstico de la UNODC, en territorio boliviano se ha identificado la actuación del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, las agrupaciones brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), así como bandas criminales procedentes de Perú y Colombia. Esta presencia queda evidenciada en el perfil de los mandos extranjeros detenidos en penales locales y en el aumento de homicidios por encargo o sicariato en las zonas fronterizas con Brasil, motivados por disputas de control territorial entre bandas beligerantes.
Incremento de cultivos de coca y complejidad del delito transnacional
La problemática trasciende el papel tradicional de Bolivia como ruta de tránsito o productor primario de insumos. De acuerdo con el último reporte de la UNODC, la superficie cultivada de hoja de coca registró un crecimiento del 7 %, pasando de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025, lo que sitúa al país como el tercer productor mundial de este arbusto. Mendoza enfatizó que el escenario actual opera como un consorcio delictivo que articula la trata de personas, el contrabando, la minería ilegal y la corrupción.
Infiltración en instituciones y fin de la tregua criminal
A diferencia de las administraciones anteriores de Evo Morales y Luis Arce, que reducían el problema a clanes locales o emisarios puntuales, la administración de Paz asumió la presencia de estructuras transnacionales de alto nivel. La captura del capo uruguayo Sebastián Marset en marzo pasado y su posterior extradición a Estados Unidos evidenciaron la ruptura de la denominada «narcopaz» o coexistencia pacífica entre bandas. Asimismo, la UNODC alertó sobre la infiltración de las redes de corrupción en estamentos de la justicia, citando investigaciones recientes dirigidas contra altas autoridades del Ministerio Público.
Rediseño de la estrategia antinarcóticos y cooperación internacional
Frente al avance del crimen organizado, el Gobierno boliviano ha dado un giro a la política estatal al restablecer vínculos operativos con la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA) y sumarse a la iniciativa del Escudo de las Américas. Desde el organismo internacional instan a Bolivia a acelerar la aprobación de leyes contra el lavado de dinero y mecanismos de extinción de dominio, a la vez que reclaman mayor efectividad en la emisión de sentencias judiciales condenatorias.
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