VE Sin Filtro denuncia ausencia de leyes de resguarden datos personales de la ciudadanía

La ONG VE Sin Filtro denunció la «ausencia de un marco jurídico» en Venezuela que garantice la protección de los datos personales que la ciudadanía confía a organismos y empresas del Estado, así como a compañías privadas.

«Frente a la ausencia de un marco jurídico y de normas que protejan los datos personales y el desinterés por parte de los entes públicos y algunas empresas en hacer uso responsable de estos datos, cada ciudadano necesita tomar en sus propias manos la protección de la información, tanto como sea posible», dijo la ONG en un comunicado.

No hay leyes para protección de datos personales

A propósito de celebrarse el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, la organización reiteró «la necesidad de que en Venezuela existan leyes y procedimientos que ofrezcan garantías y resguarden la información de todos».

Explicó que los datos e información personal, solicitada por empresas públicas y privadas para distintos procedimientos o trámites, deben recopilarlas y procesarlas de «forma transparente, consensuada y lícita».

«En un contexto en el que cada vez hay más aplicaciones administradas por el Gobierno y un hecho evidente es el interés de utilizar y acceder a datos personales con fines de control social y político, los usuarios deben tener cautela y el Estado garantizar que esas aplicaciones y no abusaran de sus datos», apuntó la ONG.

VE Sin Filtro: Vigilancia en 2022

VE Sin Filtro recordó que en 2022 registró «la acción del aparato de vigilancia masiva de las telecomunicaciones en Venezuela», a través de un reporte de transparencia de una empresa privada en el que se «evidenció que, en 2021, más del 20 % de todas las líneas» de esa operadora «las interceptaron».

Además, aseguró que ha podido documentar «cómo se entregan datos personales a organismos del Estado sin orden judicial».

Al respecto, destacó que ante solicitudes de información por parte de organismos del Estado, es necesario respetar la privacidad de las personas y entregar información «solo en investigaciones legítimas» que cumplan estándares internacionales de derechos humanos.