El Gobierno de Venezuela acusó este jueves al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de haberse confabulado en su contra, en alianza con Estados Unidos y Guyana, en la disputa territorial que mantienen ambos países suramericanos.
En un comunicado, Caracas repudió las declaraciones de Almagro, en las que el uruguayo pidió a Venezuela «actuar con la misma madurez» de Guyana de «esperar en paz la decisión» de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que el pasado abril declaró que tiene jurisdicción para pronunciarse sobre esta disputa.
«Las expresiones de este nefasto personaje (…) se corresponden con una línea vergonzosa de provocación que intenta desestabilizar la región, dictada desde la Exxon Mobil y acompañada por el Comando Sur de los EE.UU., los cuales parecen haber confabulado el odio y la maldad de Almagro con los intereses de las élites gobernantes de Guyana, asalariadas de la transnacional energética», dice el escrito.
A juicio del Ejecutivo chavista, con estas declaraciones, el secretario de la OEA se ha puesto «al margen de la legalidad internacional, buscando generar una crisis sin precedente en el Caribe», un intento que, aseguró, «sucumbirá».
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro calificó a Almagro de «intervencionista», por lo que pidió a los venezolanos responderle con «voto», en alusión al referendo consultivo que el país celebrará el 3 de diciembre, con el que espera anexionarse la Guayana Esequiba, la rica zona en disputa de casi 160.000 kilómetros cuadrados.
Guyana se basa en un laudo arbitral de 1899, que le adjudicó el territorio (entonces bajo el dominio del Reino Unido), una decisión contra la que Venezuela protestó de inmediato, un reclamo que, tras varias fases, se mantiene hasta la fecha.
Venezuela, por su parte, defiende que el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, es el que rige esta controversia, pues -asegura- se trata del «único instrumento jurídico vigente» y depositado en la Organización de Naciones Unidas (ONU) para resolver el asunto con negociaciones y «de forma satisfactoria» para ambas naciones.
De momento, ninguna de las partes ha planteado la opción de que sean los propios esequibanos, que rondan los 125.000, los que decidan sobre su pertenencia a uno u otro país, o elijan mantenerse como territorio independiente y soberano.
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