El Gobierno venezolano anunció este viernes su decisión «firme e irrevocable» de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI).
Las autoridades argumentan que el organismo exhibe un «sesgo» y concentra su labor de forma «desproporcionada» en países africanos y latinoamericanos.
El canciller venezolano, Félix Plasencia, señaló en un comunicado publicado en X.
«Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, se ha instrumentalizado para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía», escribió.
Plasencia confirmó que, por instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ya notificó la decisión al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.
Asimismo, el canciller sostuvo que el «sesgo» de la CPI trasciende una coincidencia procesal, pues refleja a «una institución que puso sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger». Agregó que rechazan esta forma de lawfare que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades. Finalmente, reiteró el compromiso del país con una justicia equitativa y respetuosa de la soberanía nacional.
Antecedentes legislativos y respuesta de la CPI
En diciembre pasado, el Parlamento venezolano —de mayoría chavista— aprobó por unanimidad una ley para derogar la adhesión del país al Estatuto de Roma. El presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, justificó la medida para «denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje» de la CPI, afirmando que el tribunal actúa bajo «los designios del imperialismo norteamericano».
El Parlamento sancionó la norma luego de que la Fiscalía de la CPI anunciara, el pasado 1 de diciembre, el cierre de su oficina técnica en Caracas tras advertir una falta de «progreso real» en materia de «complementariedad», principio que exige al Estado investigar internamente los crímenes antes de que intervenga el tribunal internacional.
A pesar de cerrar su sede en Caracas, la Fiscalía de la CPI aclaró que mantiene activa la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país, la cual lidera un equipo fiscal desde La Haya.
La CPI abrió este caso en 2018 tras recibir la denuncia formal de varios países. Aunque el Gobierno del expresidente Nicolás Maduro —hoy encarcelado en EE. UU.— intentó frenar el proceso alegando investigaciones internas, la Corte rechazó sus argumentos en 2023 y autorizó reanudar las pesquisas por los presuntos crímenes cometidos desde 2017.
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