Venezuela
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una fotografía de archivo. EFE/ Miguel Gutierrez

El Gobierno de Venezuela aseguró este lunes que ha tomado previsiones ante «potenciales planes de sabotaje», especialmente de interrupción del servicio eléctrico, para el 3 de diciembre, cuando el país celebrara un referendo no vinculante con el que busca reforzar su defensa sobre un territorio en disputa con Guyana.

«Hemos abordado potenciales planes de sabotaje al evento electoral y hemos detectado ya planes de sabotaje del servicio eléctrico, así que ya nuestros organismos de seguridad están conectados y articulados», dijo la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, al término de una reunión con varios ministros.

Remarcó que tanto la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como los cuerpos policiales atenderán «cualquier tipo de situación que pretenda coartar el derecho» de los venezolanos a la electricidad, un servicio manejado exclusivamente por el Estado, con fallos a diario, a veces con apagones prolongado durante horas.

Cédula de identidad

Sin decir nombres, Rodríguez reiteró que la unidad de la FANB y el resto de organismos armados «es un mensaje para quienes están pensando, factores nacionales o internacionales, en sabotear el servicio eléctrico».

Señaló también que el servicio de migración (Saime) activó operativos en todo el país para garantizar el acceso de los ciudadanos a la cédula de identidad, el único documento a presentar el día de la consulta.

Aunque el referendo no supone en sí mismo un cambio en el área disputada, el Gobierno de Nicolás Maduro cree que con este mecanismo el pueblo de Venezuela «no va a dejar que se aprovechen» de un territorio que le «pertenece».

Los venezolanos responderán cinco preguntas en la consulta, promovida por la Asamblea Nacional (AN/Parlamento), entre ellas la posibilidad de crear una región para anexionarse la Guayana Esequiba, de casi 160.000 kilómetros cuadrados ricos en minerales.

De momento, ninguna de las partes de la disputa ha planteado la opción de que sean los propios esequibanos, que rondan los 125.000, los que decidan sobre su pertenencia a uno u otro país, o elijan mantenerse como territorio independiente y soberano.

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