Fotografía de archivo, tomada el pasado 12 de diciembre, en la que se captó a Kilmar Abrego García, migrante deportado "por error" a El Salvador en 2025, en Baltimore (Maryland, EE.UU.). EFE/Shawn Thew

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos solicitó formalmente a la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito revocar la desestimación de los cargos criminales por tráfico de personas dictada contra Kilmar Ábrego García. La petición busca reactivar el proceso judicial contra el migrante salvadoreño, cuyo caso cobró notoriedad pública en 2025 tras ser deportado de manera errónea a su país de origen.

La apelación interpuesta por los fiscales contradice el fallo emitido el pasado 22 de mayo por el juez Waverly Crenshaw, del Distrito Central de Tennessee, quien archivó las acusaciones al concluir que el procedimiento constituía una medida vindicativa motivada por las acciones legales emprendidas previamente por el afectado.

Antecedentes de la deportación y acusaciones criminales

Ábrego García fue expulsado a El Salvador por un «error administrativo» junto a un grupo de 230 migrantes, a pesar de contar con una medida de protección legal que impedía su remoción y un pronunciamiento posterior de la Corte Suprema que determinó la ilegalidad del procedimiento.

Tras permanecer detenido casi tres meses en territorio salvadoreño y lograr su retorno a Estados Unidos, el DOJ formalizó cargos en su contra por presunta conspiración para transportar personas indocumentadas entre 2016 y 2025, derivados de una intervención policial efectuada en Tennessee en noviembre de 2022.

Fundamentos de la apelación y argumentos de la fiscalía

Al desestimar la causa en mayo, el juzgado de distrito señaló que las actuaciones del Gobierno vulneraron la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda, fundamentando la decisión en declaraciones públicas del fiscal general Todd Blanche que sugerían represalias legales tras la demanda ganada por el ciudadano salvadoreño.

Sin embargo, en la nueva documentación presentada ante el tribunal de alzada, la representación fiscal sostiene que la investigación penal no fue improvisada sino reabierta a raíz del hallazgo de nuevas evidencias, argumentando que el archivo inicial del caso obedeció únicamente a la salida del investigado del territorio estadounidense.

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