Un callejón oscuro cruza de extremo a extremo un terreno baldío en las parcelas de El Roble por fuera, en la parroquia Simón Bolívar de San Félix. Durante décadas, ese tramo que conecta a la calle Constitución con la calle Congreso fue sinónimo de terror.
En las noches, los vecinos escuchaban disparos, gritos y el eco de martillazos metálicos que delataban a los delincuentes desmantelando autos robados. La maleza y la acumulación de basura convirtieron el sitio en una «zona roja» plagada de ratas, alacranes e intentos de violación. Hoy, ese mismo espacio ocioso, ubicado detrás de la Casa del Educador, donde confluyen cuatro sindicatos del magisterio, se ha transformado en la última esperanza de más de 30 familias que claman por un hogar.
Cansados de promesas institucionales que llevan 13 años engavetadas, mujeres, niños y hombres de todas las edades empuñaron herramientas para desmarcar parcelas de 10×10 metros. La urgencia no es caprichosa, el fantasma del desalojo los acecha. Algunas familias ya levantaron techos improvisados tras ser echadas de las casas donde alquilaban; otras viven bajo la amenaza de irse a la calle con sus enseres si no pagan la próxima mensualidad.
“Todo sea por la seguridad y el bienestar de mis hijos. Soy una mujer sola, sin marido, y no puedo dormir en la calle con mis niños. Tengo que buscar una solución y la única que vemos es construir cuanto antes un rancho en este terreno que tiene más de 40 años abandonado y que se había convertido en un peligro latente para la comunidad”, relata con firmeza una de las madres afectadas.
Trece años de paciente resguardo
La historia de este lote no comenzó con una invasión violenta, sino con un pacto de custodia. Emerlin López explica que la comunidad lleva más de trece años resguardando el espacio tras reunirse formalmente con su propietario, el constructor Ángelo Della Torre. Los vecinos poseen un documento que los autoriza a cuidar el terreno para la futura edificación de soluciones habitacionales.
“El Gobierno se comprometió en la construcción de cuatro edificios, cada uno de 15 apartamentos. Sin embargo, dicho proyecto aún no se ha podido ejecutar, a pesar de que entregamos la propuesta a la Gran Misión Vivienda, Inviobras, la gobernación y la alcaldía”, denuncia López. Ante el silencio administrativo, el hambre de tierra se impuso. Por lo pronto, el plan comunitario contempla permitir la autoconstrucción de viviendas a los casos más críticos y vulnerables del grupo.
El respaldo de la memoria local
Martina Rivero tiene más de 50 años viviendo en las parcelas de El Roble y conoce de memoria cada rincón del sector. Lejos de rechazar a los nuevos ocupantes, les da su bendición y apoyo absoluto frente a las falsas esperanzas que las autoridades sembraron en el pasado.
“Son parejas con hijos que necesitan un techo propio en donde vivir con sus niños, porque se cansaron de estar arrecostadas de la abuela, de la mamá o de una hermana. El Gobierno debe solucionarle este problema a estas personas, muchas con cinco y hasta seis niños”, enfatiza Rivero, recordando que la paciencia comunitaria se agotó tras un lustro en el que nadie en las esferas oficiales supo dar destino a la parcela.
Mientras el polvo se asienta y las primeras estacas delimitan lo que esperan sean sus futuros hogares, los líderes del movimiento extienden un llamado urgente al Ejecutivo nacional, a la alcaldía del Municipio Caroní y a la gobernación del estado Bolívar.
La meta final sigue siendo la misma: que se ejecute el proyecto habitacional original para dignificar la vida de más de 50 familias que se niegan a seguir viviendo en la incertidumbre del alquiler o el hacinamiento familiar.
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