Víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú acudirán a la Corte IDH tras el archivo de su caso

Mujeres peruanas víctimas de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) expresaron su profunda indignación tras conocerse el archivo definitivo de su caso. La decisión de la Fiscalía se fundamenta en la aplicación de la Ley 32107 —promovida por el sector fujimorista—, la cual establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos con anterioridad a julio de 2002. En una rueda de prensa convocada en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), denunciantes y abogados defensores calificaron el dictamen como un «balde de agua helada» y anunciaron que recurrirán ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Alcance del archivo fiscal y la controversia legislativa

El expediente judicial agrupaba las denuncias de 4.172 personas sometidas presuntamente de manera forzada o sin consentimiento a procedimientos de ligadura de trompas y vasectomías, en el marco del ‘Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000’. La resolución fiscal beneficia a 52 procesados, entre los que figuraban el fallecido expresidente Fujimori y exministros de su administración, entre ellos el actual legislador Alejandro Aguinaga. Desde la Cnddhh señalaron que la medida resulta contradictoria, pues la propia Fiscalía reconoce la existencia de crímenes de lesa humanidad pero clausura el caso amparada en una norma calificada por los activistas como una «ley de impunidad».

Testimonios del horror y falta de atención médica

Durante la comparecencia, las afectadas relataron los atropellos sufridos durante las intervenciones quirúrgicas masivas en zonas rurales y andinas como Ayacucho y Cusco. Dionicia Calderón, una de las sobrevivientes, denunció las condiciones inhumanas en las que fueron trasladadas y operadas sin su autorización, descubriendo años después que habían quedado imposibilitadas para concebir. Asimismo, las voceras recordaron que muchas mujeres perdieron la vida en el posoperatorio por falta de medicamentos, seguimiento médico y atención adecuada.

Antecedentes internacionales y exigencia de anulación

Las organizaciones de víctimas enfatizaron que el archivo contradice los criterios fijados previamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), organismo que el año pasado emitió una sentencia condenatoria contra el Estado peruano por el caso de Celia Ramos Durand, quien falleció en 1997 a consecuencia de estas intervenciones. Ante esta situación, las representantes de las asociaciones de víctimas hicieron un llamado urgente para la anulación de la ley que bloquea el proceso judicial, ratificando su determinación de continuar la batalla legal en los fueros internacionales.

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