Familiares y agrupaciones de víctimas de violaciones de derechos humanos en Perú afirmaron este martes en conferencia de prensa que la presidenta electa, Keiko Fujimori, no puede convocar a un proceso de reconciliación nacional mientras persista la impunidad y no se garantice la búsqueda de miles de personas desaparecidas. La postura se da en respuesta al discurso ofrecido por la mandataria electa tras recibir sus credenciales ante el organismo electoral.
La convocatoria reunió a familiares de víctimas de crímenes cometidos durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), así como a deudos de los fallecidos registrados en las protestas sociales ocurridas entre 2020 y 2025. Mediante un pronunciamiento conjunto, las organizaciones expresaron que la promesa explícita de la mandataria de replicar el modelo de gobierno de su padre representa un riesgo de retroceso hacia prácticas autoritarias que instrumentalizaron el aparato estatal para cometer graves abusos.
Reclamos de reparación, verdad y búsqueda de desaparecidos
Gisela Ortiz, activista y hermana de una de las víctimas de la masacre de La Cantuta ejecutada por el grupo paramilitar Colina en 1992, calificó el mensaje oficial de contradictorio. Ortiz enfatizó que no es posible apelar a la reconciliación mientras desde el entorno político de la mandataria se hayan impulsado leyes de amnistía destinadas a beneficiar a efectivos de las fuerzas armadas y policiales vinculados a violaciones de derechos humanos durante las décadas de 1980 y 1990.
Asimismo, Ortiz señaló que cualquier esfuerzo genuino de pacificación y cohesión social debe basarse en la práctica estatal y no solo en la retórica. En ese sentido, recordó que la prioridad del Estado debería enfocarse en dar con el paradero de los más de 19.000 peruanos que continúan en condición de desaparecidos como consecuencia del conflicto armado interno vivido entre 1980 y 2000 contra los grupos subversivos Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Convocatoria a movilizaciones y rechazo al nuevo periodo presidencial
Los representantes de las distintas asociaciones manifestaron que la consolidación de un sistema democrático es incompatible con la imposición del silencio sobre los procesos judiciales en curso. Denunciaron que las familias aún enfrentan severos retrasos en la obtención de sentencias definitivas contra los ejecutores materiales e intelectuales de las muertes y desapariciones de sus allegados.
En este contexto de desconfianza hacia las instituciones, la asociación que agrupa a los familiares de las víctimas de las protestas desatadas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo anunció la convocatoria a una movilización nacional para el próximo 28 de julio, fecha prevista para la asunción de Keiko Fujimori. Voceros de la organización, entre ellos Milagros Samillán —hermana de un profesional de la salud asesinado en Juliaca en 2023—, ratificaron que mantendrán las acciones de protesta al considerar que la nueva gestión carece de legitimidad de origen.
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