La vicepresidenta primera del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Noemí Rabaza —recientemente sancionada por Washington—, rechazó las acusaciones de Estados Unidos sobre un presunto «adoctrinamiento» a grupos de solidaridad norteamericanos. Durante un acto en La Habana tras la llegada del velero Astral con siete toneladas de ayuda humanitaria, Rabaza afirmó a EFE que dichos colectivos operan de forma autónoma como «un movimiento de paz, de amor y de voluntad de hacer» contra el bloqueo.
La medida del Departamento de Estado también alcanzó al presidente del ICAP, Fernando González Llort, y a la directora para Norteamérica, Leima Martínez, sumándose a las sanciones directas fijadas al organismo en junio. Washington, respaldado por un informe presentado por el secretario de Estado Marco Rubio, califica al instituto como una fachada de inteligencia y red de subversión en suelo estadounidense, marco bajo el cual se ordenó en julio la expulsión del funcionario del ICAP Carlos Antonio Lloga Domínguez.
Las restricciones contra el ICAP se inscriben en el periodo de mayor tirantez diplomática en décadas entre ambas naciones, impulsado por la política de «máxima presión» ejercida desde Washington con bloqueos petroleros e inhibición de inversión extranjera.
Esta presión externa agrava la severa crisis interna que atraviesa Cuba, caracterizada por apagones prolongados, paralización del transporte y la industria, severas deficiencias hospitalarias e hiperinflación en alimentos y medicinas, panorama que ha derivado en protestas pacíficas esporádicas.
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