El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en una foto de archivo. EFE/ Pablo R. Seco

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó este lunes sobre la ejecución de un bombardeo militar contra un campamento de las disidencias de las FARC en el departamento del Guaviare, al centro-sur del país. La acción forma parte de la estrategia lanzada contra las estructuras bajo el mando de Néstor Gregorio Vera, alias «Iván Mordisco».

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario detalló que las Fuerzas Militares desarrollan la «Operación Azarías» en la vereda Lagos del Dorado, jurisdicción del municipio de Miraflores. El despliegue está dirigido contra el Frente Carolina Ramírez y su principal líder, alias «El Tigre» o «Pintado».

Balance preliminar de la operación

De acuerdo con los datos suministrados por el Ejecutivo, la incursión armada en la zona selvática arrojó los siguientes resultados preliminares:

Bajas: Ocho combatientes del grupo irregular resultaron muertos en el sitio.

Capturas: Tres integrantes de la estructura fueron aprehendidos por las tropas.

Rescate de menores: Dos adolescentes que se identificaron como menores de edad fueron puestos bajo custodia militar para su protección.

Las autoridades buscan verificar si alias «El Tigre» figura entre los fallecidos en el campamento. El sujeto cuenta con circular roja de Interpol y es acusado de dirigir atentados en Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá, además de coordinar el reclutamiento forzado de niños y adolescentes.

Cuestionamiento por presencia de menores en combate

El anuncio de la Casa de Nariño se produce de forma paralela a informes del Instituto Nacional de Medicina Legal, los cuales confirmaron que en una incursión realizada el pasado jueves en Guaviare —que dejó diez muertos— tres de las víctimas eran menores de edad. Asimismo, se reportó la muerte de un cuarto menor en un operativo anterior realizado en el sur del territorio nacional.

Giro radical en la política de seguridad

El despliegue militar refleja el cambio de doctrina de la actual administración nacional, la cual otorga prioridad al uso de la fuerza sobre la negociación con organizaciones al margen de la ley, dejando atrás la estrategia de «paz total» promovida durante la gestión de Gustavo Petro.

La medida se consolidó con el anuncio formal del mandatario de dar por canceladas las mesas de diálogo con tres grupos armados ilegales. De la Espriella argumentó en alocución oficial que dichas organizaciones carecen de una voluntad real y verificable de paz o de sometimiento ante la justicia.

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