
Familiares de presos políticos cumplieron este sábado 100 días de vigilias ininterrumpidas frente a diversos centros de reclusión en Venezuela. La movilización, que busca presionar por la libertad plena de sus parientes, se mantiene firme a pesar de que en febrero se aprobó una Ley de Amnistía. Los allegados denuncian que, a pesar de las promesas de «paz y convivencia» realizadas por el Parlamento tras la captura de Nicolás Maduro en enero, el proceso de liberación se ha estancado para los casos más críticos, prolongando el sufrimiento de cientos de hogares.
Denuncias de tratos crueles y aislamiento en El Rodeo I
Desde las afueras de la cárcel El Rodeo I, Andreína Baduel, representante de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), calificó el recinto como un «centro de torturas». La activista alertó que en los últimos diez días se ha registrado un incremento en los tratos crueles contra los internos. Además, denunció que se cumplen dos semanas de la suspensión arbitraria de visitas para su hermano, Josnars Baduel, cuya vida asegura que está en riesgo debido a las secuelas de torturas previas, por lo que exige una fe de vida inmediata.
El contraste entre las cifras oficiales y la realidad carcelaria
Mientras las autoridades gubernamentales sostienen que más de 8.000 personas han sido beneficiadas por la amnistía —la mayoría bajo medidas cautelares—, las organizaciones de derechos humanos presentan un panorama distinto. La ONG Foro Penal actualizó sus registros este sábado, contabilizando 477 presos políticos aún tras las rejas, de los cuales 111 se encuentran confinados en El Rodeo I. Esta cifra contradice la narrativa de «liberación masiva» y refuerza las quejas de los familiares sobre una supuesta «burla» al sentimiento nacional.

Antecedentes de tortura psicológica y presión internacional
El Rodeo I ha estado en el centro de la polémica internacional tras los testimonios de ciudadanos extranjeros liberados recientemente. El gendarme argentino Nahuel Gallo, quien salió en marzo, y el francés Julien Février, liberado en abril tras 15 meses de arresto, coincidieron en describir el penal como un lugar donde impera la tortura psicológica. Estas declaraciones han incrementado la presión sobre el Estado venezolano, que aún se niega a publicar el listado oficial de los amnistiados.
Exigencia de transparencia ante la ONU
La opacidad del proceso de amnistía ha llegado a instancias internacionales. El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, ha solicitado públicamente a las autoridades venezolanas que transparenten las identidades de las personas liberadas. Por su parte, los familiares en vigilia aseguran que no se cansarán de exigir justicia y libertad plena, afirmando que, aunque el dolor es inmenso, la resiliencia de quienes esperan a las puertas de las cárceles se ha fortalecido tras estos 100 días de lucha.

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