El sistema de justicia en el estado Bolívar enfrenta una situación crítica tras la presunta suspensión de las medidas cautelares sustitutivas de libertad para procesados que cumplen con los requisitos de ley. Esta decisión ha generado un estado de alerta entre abogados y familiares, quienes denuncian que la falta de despacho en esta materia está condenando a cientos de personas a permanecer en condiciones de hacinamiento extremo dentro de los centros de detención preventiva de la zona.
Un grupo de profesionales del derecho ha manifestado su preocupación por la dinámica interna en el Palacio de Justicia de Ciudad Guayana. Según explican, el otorgamiento de libertades o medidas menos gravosas para imputados y acusados ha pasado de ser una decisión autónoma de los jueces de Control o Juicio a un proceso administrativo centralizado. Se afirma que cualquier beneficio debe contar con la autorización previa, vía minuta, de la presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, Carmen Natalia Moreno Montes.
Tres semanas de bloqueo procesal
De acuerdo con información recabada en la sede judicial, el flujo de beneficios procesales se encuentra paralizado desde hace aproximadamente tres semanas, supuestamente por instrucción de la presidencia del circuito. Fuentes internas sugieren que la titular Moreno Montes habría suspendido estas acciones a la espera de lineamientos procedentes de la Sala Situacional de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sin embargo, este silencio administrativo está vulnerando el principio de celeridad procesal y los derechos de quienes han cometido delitos menores.
Agravamiento de las condiciones de reclusión
La detención de estas medidas ha impactado directamente en la saturación de los «calabozos de tránsito». Estos espacios, diseñados para permanencias temporales, albergan actualmente a un número excedido de privados de libertad en condiciones que defensores de derechos humanos califican de inhumanas. La imposibilidad de descongestionar estos recintos mediante las medidas que otorga la ley está generando una crisis de salud y seguridad dentro de las instituciones policiales.
Acciones legales ante instancias superiores
Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades regionales, los abogados de los procesados afectados anunciaron que preparan acciones ante el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas y Comisión de Reforma de la Justicia Penal. El objetivo es solicitar una revisión exhaustiva de la administración de justicia en la entidad y exigir que se respete la independencia de los jueces para decidir sobre la libertad de los ciudadanos, sin necesidad de supeditaciones administrativas que obstaculicen el debido proceso.
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