El Partido Demócrata obtuvo el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones de mitad de período, según proyecciones de las principales cadenas estadounidenses. Este cambio ocurre justo cuando Washington y Caracas negocian un Acuerdo sobre el Estatus de las Fuerzas (SOFA) que permitiría la presencia militar estadounidense a largo plazo en Venezuela, según reveló The New York Times.
Rolnar Sanabria, exfiscal contra la Delincuencia Organizada en la frontera entre Colombia y Venezuela y fundador del Latino Institute for Security Efficiency, señaló que la nueva mayoría parlamentaria supervisará tanto este acuerdo como las operaciones militares en la región. Entre estas destaca el reciente ataque con drones contra un campamento del ELN en el sur de Apure, donde Estados Unidos prestó apoyo, según funcionarios citados por The New York Times.
Tras la divulgación de los resultados, el presidente Donald Trump afirmó que acepta el veredicto de las urnas. Asimismo, manifestó su disposición a negociar con la nueva mayoría en temas como la inmigración y advirtió que usará su poder de veto frente a las propuestas que considere inaceptables.
Sanabria enfatizó su postura de fondo: Para mí es fundamental contar con la ayuda de fuerzas extranjeras para combatir el crimen organizado. Venezuela sola no ha podido con el ELN, las disidencias de las FARC ni con bandas como el Tren de Aragua, que alcanzaron un carácter transnacional porque cruzan fronteras con facilidad. Frente a un crimen sin fronteras, la cooperación internacional no es una opción, es una necesidad”.
En ese marco, explicó que el acuerdo otorga una base jurídica sólida a una cooperación que ya está en marcha. Un buen SOFA define con claridad qué jurisdicción aplica a cada actuación, cómo se coordinan las operaciones y cómo se rinden cuentas. “Esas reglas no limitan la cooperación, la fortalecen y la protegen”, señaló.
El exfiscal recordó que el artículo 187, numeral 11, de la Constitución venezolana de 1999 faculta a la Asamblea Nacional para autorizar las misiones militares extranjeras en el país.
“Cumplir ese paso da legitimidad interna al acuerdo y cierra la puerta a cualquier cuestionamiento futuro”, indicó. En Estados Unidos, añadió, la Casa Blanca suele firmar estos convenios como acuerdos ejecutivos, por lo que el nuevo Congreso concentrará su papel en el presupuesto, la supervisión y los poderes de guerra.
Sanabria recordó que el ELN, las disidencias de las FARC y varias redes de minería ilegal han utilizado el sur de Apure y los llanos de Arauca y Meta como corredores estratégicos durante años.
«En la frontera aprendí que estos grupos no desaparecen con un solo golpe, sino que se desplazan y se reacomodan. Es lo que en criminología llamamos efecto globo. Por eso, la presión coordinada desde Colombia y Venezuela debe incluir la protección de las comunidades rurales, para evitar que la violencia se traslade hacia quienes menos pueden defenderse”, advirtió.
Destacó además que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) ofrece el marco adecuado, pues su artículo 4 promueve la cooperación entre Estados con pleno respeto a la soberanía.
«Cuando la acción se apega a la ley y existe transparencia sobre sus resultados, estos grupos pierden el discurso con el que intentan justificarse como mártires”, explicó.
Para Sanabria, una cooperación bien estructurada generará un impacto positivo más allá de la frontera. Bien hecha, esta alianza ayuda a romper las cadenas de suministro que llevan la cocaína y el oro ilegal hasta Europa y Estados Unidos.
Pero, sobre todo, «puede devolver la tranquilidad a la gente de la frontera: al comerciante y al ganadero que hoy pagan extorsiones para trabajar, y a los padres que temen el reclutamiento forzado de sus hijos por parte de la guerrilla. Esa es la verdadera medida del éxito», afirmó.
La cooperación con Estados Unidos representa una oportunidad histórica para Venezuela. Establecer reglas claras garantiza resultados duraderos”, concluyó.
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