Aldama sitúa a Pedro Sánchez en la cima de una «banda organizada» de corrupción

El empresario Víctor de Aldama, pieza central en la trama de presunta corrupción del Ministerio de Transportes, ha provocado un terremoto político este miércoles al declarar ante el Tribunal Supremo. Aldama afirmó que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ocupaba el «escalafón 1» de una supuesta «banda organizada» dedicada al cobro de comisiones ilegales.

El comisionista, quien decidió colaborar con la justicia tras su ingreso en prisión por un fraude de hidrocarburos, detalló que el exministro José Luis Ábalos (segundo en la jerarquía) recibió entre 3,5 y 4 millones de euros en «mordidas». Según su testimonio, Sánchez no solo estaba al tanto, sino que le agradeció personalmente sus gestiones durante un mitin en 2019.

Maletines en el Ministerio

Aldama describió un sistema de pagos sistemáticos: entre 2019 y 2022 habría entregado cuotas de 10.000 euros en efectivo a Ábalos y a su asesor, Koldo García, llegando incluso a llevar 250.000 euros en una mochila directamente a la sede del ministerio.

El «giro» venezolano y el papel de Zapatero

La declaración también arrojó luz sobre la errática política exterior española hacia Caracas. Aldama aseguró que Ábalos operó inicialmente para apoyar a Juan Guaidó en 2019, pero que la postura del Ejecutivo cambió radicalmente tras la «presión» del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

De acuerdo con su testimonio:

Aldama medió directamente con la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, asegurándole que Sánchez «renegaría» de Guaidó.

Fue el propio Sánchez quien habría autorizado el polémico viaje de Rodríguez a España en 2020, pese a que ella tenía prohibida la entrada en suelo europeo por sanciones de la UE.

El empresario afirmó haber preparado personalmente el alojamiento y el catering para la funcionaria venezolana en Madrid.

La defensa del Ejecutivo

Desde el Palacio de la Moncloa, el Gobierno mantiene una postura de «total tranquilidad». Fuentes oficiales calificaron a Aldama de «gran mentiroso» y recordaron que, como acusado, tiene derecho legal a faltar a la verdad como estrategia de defensa.

Por su parte, el PSOE anunció que pedirá amparo al Tribunal Supremo ante lo que consideran «injurias y difamaciones». El partido de Gobierno sostiene que no existe financiación ilegal y que las declaraciones de Aldama solo buscan generar «ruido» mediático sin aportar pruebas documentales que sustenten sus acusaciones.

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