Ciudad Guayana.– El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, condenó las intenciones de aprobar la Ley de Cooperación Internacional que está en discusión en la Asamblea Nacional, pues considera que esta busca «criminalizar» el accionar de las ONG. 

En entrevista exclusiva con Nueva Prensa de Guayana, el abogado defensor de DDHH, recordó que el trabajo de las ONG, en la mayoría de los casos, se basa en la información confidencial que consigue al momento de tratar con personas afectadas.

«Imagínate que llegue algún colectivo de una zona popular y te pregunte de dónde vienen tus fondos, o cómo los administras. Además, en los casos donde las organizaciones trabajan con salud es inadmisible, porque la salud de las personas es confidencial. Y también es confidencial el tema cuando las personas estén denunciando violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad», aseveró.

El pasado 4 de mayo unos diputados informaron a través de las redes sociales, que se había retomado las discusiones de una de los proyectos que más temor ha producido dentro de la sociedad civil, pero sobre todo dentro de las ONG:  el proyecto de Ley de Cooperación Internacional.

¿Cuáles son los elementos que más resaltan en la elaboración de este proyecto de Ley?, pues obliga a las ONG que difundan su información interna a los entes gubernamentales e incluso a cualquier persona.

La ONG Provea ha llevado registro de casos de tortura en Venezuela

El proyecto expone en su artículo 22 que «…las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras, que operen en el territorio la República Bolivariana de Venezuela, suministrarán a las autoridades competentes, así como a cualquier ciudadano que lo solicite, la información y datos sobre su constitución, estatutos, actividades que realizan, proveniencia, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento».

Otra de las características que hacen ruido dentro de los activistas del país, es la imposición de registrarse en un organismo público para ser reconocidas por el Estado, un trámite que, a juicio de Daniels, es un paso más para desaparecer a la ONG.

«Más que un registro, es una autorización que el Estado le da a las organizaciones. Se pueden presentar elementos en ese registro para retrasar la inscripción y que así las ONG no reciban la cooperación internacional. Es un mecanismo que puede impedir el accionar», denunció Daniels.

Vulneración al derecho de asociación

El artículo 16 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos dicta que «Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole…».

Para Daniels, el criminalizar el accionar de las organizaciones es una violación directa al derecho de asociación. «La importancia de las ONG son varias, pero en primer lugar porque está el derecho de asociación, pero además un derecho a defender derechos humanos.  También el derecho a dar y recibir ayuda humanitaria», indicó.

Asimismo, 500 organizaciones del país y 250 personas firmaron un documento en donde se rechaza la aplicación de este proyecto de ley.

«Con este proyecto de ley, se busca reinterpretar la definición de cooperación internacional hacia intereses ideológicos, políticos y/o económicos del gobierno nacional, dejando por fuera conceptos esenciales como derechos humanos y ayuda humanitaria. A su vez, queda claro la intención de controlar y castigar a toda persona u organización que no se sujete a su interpretación, lo cual abarca a toda la sociedad civil nacional y a las organizaciones internacionales. Incluyendo la posibilidad de dejar sin efecto las obligaciones y compromisos del Estado en acuerdos con organismos internacionales de cooperación, en caso de no adecuarse a esta finalidad del proyecto de ley», señala el documento firmado por las 500 organizaciones y las 250 personas.   

Esta intención de aprobar la Ley de Cooperación Internacional, es un tema viejo dentro de la política venezolana. Durante los años 2006, 2010, 2015 y 2021 se presentó las discusiones de aprobación.

¿Por qué cree que el Gobierno está tan insistente en que este proyecto pase a ser ley?

– Lamentablemente para el gobierno es molesto todas las opiniones que sean contrarias a las de él. Y en ese sentido las oenegés al denunciar situaciones incómodas para el gobierno, pues estos reaccionan con la persecución. El Ejecutivo sigue el ejemplo de Nicaragua. Allá se han cerrado oenegés por decir cosas contrarias a los intereses de los gobernantes. Yo creo que esa es la intención aquí. El gobierno quiere convertir a Venezuela en un cementerio de Oenegés.

– Por ejemplo, en la mayoría de situaciones son las mismas ONG quienes denuncian hechos irregulares o al margen de la ley. La justicia venezolana, en vez de investigar el caso y condenar a los responsables, se dedica a atacar a los denunciantes

Por otra parte, el director de Acceso a la Justicia explicó que la aplicación de este plan, repercutiría directamente en el derecho que las personas tienen de mantenerse informado.

«Y finalmente también se vulnera la libertad de expresión, porque son muchas las oenegés las que dan la información de lo que pasa en el país. Nosotros sabemos la situación de desnutrición en el país, no por cifras del gobierno, sino por el trabajo de Cáritas de Venezuela. Entonces no es solo salvar a los niños, que ya es bien importante, sino que además se trata de que el país conozca los panoramas actuales», concluyó Daniels.

Brayan Silva