Una mujer entra a una carnicería en Caracas (Venezuela), en una fotografía de archivo. EFE/ Miguel Gutiérrez

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó este jueves 22 de enero de 2026, en primera discusión, el proyecto de «Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos», que fija precios de productos y servicios vía «mutuo acuerdo» entre Estado y comerciantes, con énfasis en rentabilidad razonable.

Presentada por el chavismo como defensa del salario, la norma de 96 artículos crea la Superintendencia de Protección de los Derechos Socioeconómicos y el Sistema Nacional de Observación de Precios como «punto de encuentro» para acuerdos. «No buscamos producción por debajo de costos; garantizamos mercancía en anaqueles», explicó el diputado Ramón Lobo (PSUV) en sesión transmitida por ANTV. Incluye «esquema sancionatorio».

La opositora Nora Bracho (bancada Libertad, con Henrique Capriles) salvó el voto: «Si el Estado excede en fijar precios, mata la oferta; anaqueles vacíos no protegen al consumidor. Es control asfixiante a producción».

Aprobada por chavismo y dos bancadas opositoras, pasa a consulta pública; el texto final puede variar en segunda discusión, artículo por artículo.

Recuerda los controles de 2015-2018, endurecidos hasta generar escasez de alimentos y fármacos, flexibilizados post-2019.

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