La Arquidiócesis de Caracas negó este martes cualquier tipo de extorsión o presión en su sede a familiares de presos políticos, en respuesta a la denuncia de Mariana González, hija del opositor Edmundo González Urrutia.
Mariana González acusó el lunes haber sufrido «tres episodios de extorsión» por parte de personas vinculadas a autoridades venezolanas, la Iglesia y organismos que se presentan como defensores de derechos humanos. Según su comunicado, estos hechos ocurrieron en embajadas, espacios del Arzobispado y oficinas de ONGs, con testigos presentes, y buscaban que su padre desistiera de sus reclamos electorales a cambio de la liberación de su esposo, Rafael Tudares.
Tudares, abogado y yerno de González Urrutia, fue detenido el 7 de enero de 2025 y condenado en diciembre a 30 años de prisión por presuntos delitos de conspiración. González calificó el expediente como un «fraude a la justicia», sin testigos, evidencias ni hechos demostrables, y señaló que ni ella ni su esposo pudieron acceder plenamente al proceso, violando el debido proceso y la presunción de inocencia.
Comunicado oficial del Arzobispado
En un texto firmado por el arzobispo metropolitano, monseñor Raúl Biord, y difundido en Instagram, la Arquidiócesis afirmó: «En ningún momento se ha realizado en la arquidiócesis ninguna ‘extorsión’ o presión a familiares de detenidos ni a nadie».
La institución expresó comprensión por el «dolor» de González de Tudares y su apoyo a la petición de liberación de su esposo. «Hemos mantenido las puertas abiertas para recibir a todos los que lo soliciten y hemos atendido a numerosos familiares de presos políticos, acompañándolos pastoralmente sin otro interés que procurar su bien», añade el comunicado.
La Iglesia venezolana recordó su tradición histórica como intermediarios para lograr justicia o liberaciones de privados de libertad por motivos políticos, reafirmando su «voluntad inquebrantable» en esa misión.
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