La Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México, órgano encargado de fiscalizar el uso de los fondos públicos, confirmó este lunes el hallazgo de múltiples irregularidades en los procesos de contratación del Instituto Nacional Electoral (INE) durante varios años. Para esclarecer la red de corrupción, la entidad informó que trabaja en colaboración directa con informantes que se acogieron a programas de reducción de sanciones.
A través de un comunicado oficial, la ASF destacó que es la primera vez que el órgano «desarrolla investigaciones con la colaboración directa de personas que han proporcionado información y elementos relevantes». Esta cooperación ha permitido obtener datos de primera mano sobre el modus operandi detrás de la adjudicación de contratos en los organismos electorales.
Entre el material probatorio recabado por los auditores figuran testimonios, documentos, fotografías, videos, registros financieros, ubicaciones de domicilios, mensajes de mensajería instantánea (WhatsApp), así como nombres y alias de los presuntos involucrados.
Manipulación de licitaciones y empresas fantasma
De acuerdo con los hallazgos preliminares de la ASF, los beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido directamente en la selección de proveedores y en la redacción de los requisitos técnicos de las licitaciones para favorecer sus propios intereses comerciales.
Estas investigaciones confirman reportes periodísticos previos que denunciaban a una red integrada por al menos siete proveedores del INE. Dichas empresas habrían simulado competencia en los procesos de adjudicación y participado en esquemas de triangulación de recursos mediante la emisión de comprobantes fiscales por bienes y servicios inexistentes.
La renuncia de Taddei y el impacto en el proceso 2026-2027
El escándalo por la asignación de estos contratos irregulares alcanzó su punto crítico el pasado 26 de octubre con la renuncia de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei. La ASF ratificó que continuará con las indagatorias para rastrear el destino final de los recursos robados e identificar a más responsables.
La severa crisis de credibilidad e institucionalidad en el órgano electoral estalla en un momento clave: el arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027, iniciado el pasado 10 de septiembre. En este ciclo se disputarán diecisiete gubernaturas estatales, la renovación de quinientas diputaciones y el control del Congreso de la Unión.
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