Bangkok.- La presión económica sobre el Ejército golpista de Birmania (Myanmar) se intensifica con la decisión de multinacionales como Total y Chevron de suspender algunos pagos a la junta militar, mientras se pide a los bancos internacionales que retiren sus inversiones en empresas vinculadas con los uniformados.
El anuncio de la francesa Total y la estadounidense Chevron de que dejarán de pagar a la junta dividendos por un gasoducto en el país ha sido celebrado este jueves por el movimiento prodemocrático birmano y se suma a las sanciones que han impuesto a los militares potencias occidentales como EE. UU., Reino Unido y la Unión Europea.
Las energéticas internacionales han estado bajo una creciente presión de los activistas prodemocráticos desde que el Ejército ejecutó un golpe de Estado el pasado 1 de febrero y derrocó al Gobierno democrático de Aung San Suu Kyi.
Total, que justificó este miércoles la decisión por la inestabilidad del país, condenó «la violencia y los abusos a los derechos humanos que ocurren en Birmania», que esta sumido en una grave crisis económica y una espiral de violencia desde el golpe militar.
El gasoducto, que se construyó en la década de los años 90 entre acusaciones de desalojos y trabajos forzados bajo la anterior junta militar, transporta gas natural desde la plataforma Yadana en el mar de Andamán hasta Tailandia a lo largo de 400 kilómetros.
Hasta ahora a la junta militar le llegaba el dinero a través de Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), la empresa estatal que gestiona la explotación de gas y petróleo en el país y que posee un 15 % en Moattama Gas Transportation Company (MGTC), la empresa gestora del gasoducto.
El resto de las acciones pertenecen a Total (31,24 %), Chevron (28,26 %) y la tailandesa PTTEP (25,5 %).
Según la ONG Justice for Myanmar, MGTC, con sede en un paraíso fiscal, generó unos beneficios brutos de 1.230 millones de dólares entre 2017 y 2019.
Aunque celebró «cautelosamente» la decisión de las multinacionales, Justice for Myanmar pidió este jueves que vayan más allá y suspendan todos los pagos a los militares.
«Queremos apuntar que es solo una pequeña porción de los ingresos que la junta recibe de las operaciones de Total en Birmania, que incluyen la participación del Estado en ingresos por el gas, regalías e impuestos de sociedades», dijo Yadanar Maung, portavoz de Justice For Myanmar, que investiga la financiación de los militares birmanos.
FINANCIACIÓN INTERNACIONAL
Justice for Myanmar, junto con BankTrack, también solicitó hoy a una treintena de bancos internacionales, incluidos los españoles Santander y CaixaBank, que cancelen o suspendan las inversiones que tengan alguna vinculación con la junta birmana.
En un informe, ambas ONG afirman que las entidades financieras, principalmente grandes grupos como Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui, JPMorgan Chase, UBS y Credit Suisse, suman más de 35.000 millones de dólares (28.500 millones de euros) en inversiones en empresas que tienen lazos con compañías estatales o dependientes del Ejército birmano.
«Los bancos internacionales que hemos destacado tienen claras responsabilidades en derechos humanos. La campaña despiadada de terror de los militares es posible gracias a sus intereses económicos y los bancos tienen un papel crucial», indicó en un comunicado Yadanar Maung.
Mientras que los mayores bancos tienen inversiones indirectas de entre 1.000 y 5.000 millones de dólares, los volúmenes del Banco Santander y CaixaBank son de los menores con cerca de 160 millones de dólares (130 millones de euros) y 116 millones de dólares (94 millones de euros), respectivamente, según el informe.
Las ONG diferencian dos tipos de empresas, las que tienen intereses económicos con compañías ligadas directamente a los militares y aquellas que están vinculadas con empresas estatales birmanas que ahora están bajo el control de la junta.
Entre las primeras, sobre las que la ONG pide cancelar las inversiones, se encuentran la india Bharat Electronics, que suple de material de defensa al Ejército birmano, así como la surcoreana POSCO, el grupo hotelero Hilton (EE. UU.), Shangri-la (Hong Kong) o Tokio Tatemono (Japón).
Algunos ejemplos de multinacionales con inversiones vinculadas a empresas estatales birmanas, sobre las que se recomiendan suspender o revisar las inversiones, son Chevron (EE. UU.), Shell (EE. UU.), Total (Francia), Petronas (Malasia) y PTT (Tailandia).
SANCIONES CONTRA LA JUNTA
Desde el golpe de Estado, la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, entre otros, han aprobado sanciones económicas contra los líderes de la junta militar y contra los conglomerados económicos controlados por el Ejército.
Sin embargo, organizaciones de Derechos Humanos y el Gobierno de Unidad Nacional, autodenominado como legítimo y formado por activistas y políticos cercanos a Suu Kyi depuestos por el Ejército, piden que se sancionen también a las empresas estatales como MOGE.
Hasta el momento, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha sido incapaz de acordar sanciones globales contra la junta birmana debido principalmente al veto de Rusia y China.
El Ejército birmano, responsable de las operaciones de limpieza étnica contra la minoría rohinyá en 2016 y 2017, ha sido acusado por los grupos prodemocráticos birmanos de la muerte de al menos 827 personas, incluidos 73 menores, en la represión de las protestas y contra civiles.
Gaspar Ruiz- Canela EFE
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