Bolivia ingresó este lunes a la cuarta semana de protestas de sectores campesinos e indígenas que exigen la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz, tras el colapso de los reiterados intentos de diálogo impulsados por el Ejecutivo. Organizaciones de campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales marcharon masivamente desde El Alto y otros puntos cardinales hacia el centro de La Paz, cercándolo. En las adyacencias de la plaza Murillo, resguardada por policías y militares, piquetes de manifestantes intentaron forzar los accesos, lo que obligó a las fuerzas del orden a dispersarlos con gases lacrimógenos.
Alerta por posible estado de excepción
La tensión política se trasladó al Parlamento, donde se analiza un proyecto de ley que busca eliminar las restricciones legales vigentes desde 2020 para facilitar la declaración de un estado de excepción. Esta medida otorgaría al Gobierno la facultad de ampliar el despliegue de las fuerzas de seguridad ante las manifestaciones, una iniciativa fuertemente cuestionada por líderes mineros y sindicales que ven en ella una amenaza a la protesta social.
Reacción cívica y temor a un golpe en Santa Cruz
En el oriente del país, el Comité Cívico de Santa Cruz, la región más poblada y motor económico de Bolivia, convocó a concentraciones de emergencia para frenar los bloqueos de rutas. El líder cívico Stello Cochamanidis alertó que en el país se gesta un «golpe de Estado», por lo que instó a los ciudadanos a abastecerse de víveres y salir a defender de manera activa el derecho al libre tránsito en el departamento.
Parálisis en el transporte y asfixia en el aeropuerto
La Paz y El Alto sufren las peores consecuencias del conflicto. Sindicatos de transportistas instalaron bloqueos callejeros internos en protesta por la severa escasez de combustibles derivada de las carreteras interrumpidas. En paralelo, grupos de manifestantes cercaron las puertas del Aeropuerto Internacional de El Alto, impidiendo por completo el ingreso y salida de pasajeros y encomiendas, aislando efectivamente a la sede de Gobierno por vía terrestre y aérea.
Mientras la crisis se agudizaba en La Paz, el presidente Rodrigo Paz se trasladó a Sucre, capital constitucional del país, para conmemorar los 217 años de su gesta libertaria. Desde la sede judicial, el mandatario, quien lleva poco más de seis meses en el cargo, anunció la reducción a la mitad de su salario y el de sus ministros como medida de austeridad, al tiempo que advirtió que hará cumplir la Constitución frente a las medidas de fuerza.
Emergencia alimentaria y puentes aéreos internacionales
Con el departamento de La Paz aislado desde hace 20 días y los bloqueos extendidos a las regiones de Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz, el desabastecimiento de alimentos se volvió crítico. Para mitigar la emergencia, el Gobierno central estableció puentes aéreos de abastecimiento, un esfuerzo logístico que está recibiendo el apoyo de donaciones y soporte técnico ofrecido por Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú.
Los intentos de destrabar el conflicto por la vía pacífica volvieron a fracasar. Una convocatoria al diálogo realizada por el Gobierno para el domingo con los sindicatos campesinos de La Paz quedó sin efecto tras el colapso, horas antes, de una negociación para abrir un «corredor humanitario». Dicho intento terminó en violentos disturbios y enfrentamientos armados entre los manifestantes y los contingentes de policías y militares.
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