El Gobierno del presidente Rodrigo Paz presentó este martes la nueva Política Antidroga 2026-2030 para Bolivia, la cual contempla un presupuesto de 492 millones de dólares. El anuncio se realizó tras la publicación del Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que registró un incremento del 7 % en la superficie cultivada, al pasar de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, calificó los datos de la Unodc como «realmente preocupantes» y enfatizó la urgencia de recuperar la capacidad de intervención institucional. La nueva estrategia se estructura en los ejes de seguridad ciudadana, salud pública y desarrollo integral, combinando acciones para reducir tanto la oferta como la demanda de estupefacientes.
En materia de oferta, el plan contempla la reducción progresiva de la coca excedentaria e ilegal hasta los márgenes legales, respetando los usos tradicionales de la hoja. Para ello, se reforzará la interdicción a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), complementada con inteligencia financiera, investigación de patrimonios, decomiso de activos y mayor fiscalización de precursores químicos.
Enfoque preventivo y financiamiento internacional
La reducción de la demanda se abordará como un asunto de salud pública mediante programas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social dirigidos a sectores vulnerables.
Para su ejecución en los próximos cinco años, el presupuesto asignado asciende a 492 millones de dólares, donde el 56,3 % provendrá de la cooperación internacional y el porcentaje restante será asumido por el tesoro boliviano. Oviedo subrayó que la estrategia se desarrollará bajo los principios de soberanía y no injerencia.
Nuevo rumbo en la cooperación multilateral
Por su parte, el representante de la Unión Europea (UE) en Bolivia, Jaume Segura, destacó el carácter integral del plan y ratificó el respaldo del bloque en el combate a las redes del crimen organizado.
Esta medida constituye la primera política antinarcóticos formulada por una administración ajena al Movimiento al Socialismo (MAS) en casi dos décadas. Desde la asunción de Paz en noviembre de 2025, el Ejecutivo boliviano ha orientado sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de las alianzas internacionales y la coordinación regional en materia de seguridad.
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