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Caracas.- El opositor venezolano Julio Borges, cercano colaborador de Juan Guaidó, denunció este lunes, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que el presidente Nicolás Maduro «les declaró la guerra» a los pueblos originarios del país caribeño.

«Hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, les enviamos nuestro reconocimiento por su lucha frente a las situaciones adversas que enfrentan en Venezuela, especialmente por la grave crisis humanitaria. Como lo hemos dicho antes, Maduro le declaró la guerra a los pueblos indígenas», escribió en Twitter Borges, nombrado por Guaidó comisionado para las Relaciones Exteriores.

Acompañó su mensaje de dos imágenes con las que recordó que en diciembre de 2019 fue detenido Salvador Franco junto a otras 12 personas de la etnia pemón.

Todos ellos fueron acusados de «haber participado en el asalto a dos instalaciones militares» en el amazónico estado Bolívar, limítrofe con Brasil.

«El 30 de septiembre de 2020, con siete meses de secuestro en El Rodio II, los integrantes de la ONG Foro Penal denunciaron que los 13 pemones no recibían alimentación y, además, se encontraban aislados», recordó Borges.

En su mensaje, acompañado de una foto de Franco, detalló que el 22 de diciembre de 2020, la hermana del líder indígena «denunciaba el grave estado de salud de este».

El 3 de enero de 2021, murió en el Internado Judicial Rodeo II del municipio de Guatire, una ciudad satélite de Caracas en el céntrico estado Miranda, a los 44 años.

«Lo asesinó la dictadura, así como asesina a los pueblos originarios en las zonas aledañas del Arco Minero del Orinoco», concluyó.

En 2020, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó un informe sobre la situación de los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco, una de las áreas más ricas en recursos minerales de Venezuela, que asegura que están sometidos a graves abusos y violencia, y que, desde 2016, al menos 149 personas murieron a consecuencia de estas agresiones.

La investigación sobre este asunto, expuso entonces Bachelet, destaca que los mineros de la zona «están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia» por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, apodados como «sindicatos».

«A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y de los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería», subrayó Bachelet.

Ante esta situación, el documento urge a investigar los abusos en la zona y poner coto a la corrupción y actividades ilegales que se desarrollan en el Arco Minero del Orinoco.

EFE