El Gobierno de Brasil rechazó enérgicamente la decisión de Estados Unidos de imponer nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de 60 economías, e imputó a Washington el uso de la lucha contra el trabajo forzoso como una excusa para encubrir políticas proteccionistas. Mediante un comunicado de la Administración de Luiz Inácio Lula da Silva, el Ejecutivo calificó los gravámenes decretados por el Gobierno de Donald Trump como «completamente arbitrarios e injustificados». Ante este escenario, Brasilia anunció la activación inmediata de los mecanismos de la Ley de Reciprocidad y la presentación del caso ante el sistema de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Segundo golpe arancelario en una semana
La medida adoptada por la Oficina del Representante de Comercio de EE. UU. (USTR) se fundamentó en una investigación sobre supuestas fallas en la erradicación de prácticas laborales abusivas, anunciándose a pocas horas de vencer el arancel global temporal del 10 %. Para la economía brasileña, este anuncio representa el segundo revés comercial en días consecutivos, tras la entrada en vigor de un gravamen previo del 25 % alegando supuestas «prácticas desleales». Desde el Palacio de Planalto denunciaron que la Casa Blanca acude a la manipulación de causas sociales ante la ausencia de un marco legal interno que respalde su proteccionismo.
Contraste en los compromisos internacionales con la OIT
En su réplica, el Gobierno brasileño cuestionó la autoridad moral de Washington para sancionar a la región, destacando la marcada diferencia en la ratificación de tratados internacionales. Brasil recordó que es reconocido globalmente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que ha suscrito 66 convenios en vigor —incluidos los cuatro instrumentos clave contra el trabajo forzado—, mientras que Estados Unidos apenas ha ratificado diez convenios en total y solo uno relativo a la materia laboral en cuestión.
Rigor legislativo y acuerdos multilaterales
Asimismo, las autoridades brasileñas argumentaron que durante las indagaciones del USTR se consignó documentación exhaustiva sobre la severidad de la legislación nacional. El marco legal brasileño tipifica como delito no solo la servidumbre, sino las jornadas exhaustivas y condiciones degradantes, imponiendo sanciones penales y manteniendo un registro público de infractores. Adicionalmente, el Ejecutivo enfatizó que los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea, EFTA y Chile contemplan cláusulas vinculantes para la erradicación del trabajo forzado.
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