Noboa plantea reactivar los tribunales militares en Ecuador para juzgar a las Fuerzas Armadas en operaciones anticrimen

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió este jueves la necesidad de instaurar tribunales militares en el país para evitar que los efectivos de las Fuerzas Armadas involucrados en operaciones contra el crimen organizado «sean juzgados de manera errónea». La iniciativa forma parte del Plan de Seguridad Integral 2025-2029, elevado recientemente a política pública. En entrevista para Radio Centro de Guayaquil, el mandatario argumentó que la nación atraviesa un contexto de «guerra» que exige jueces capacitados en procedimientos y delitos propios del ámbito castrense.

Estrategia de cuatro años frente a cifras récord de violencia

La propuesta pretende dotar al Consejo de la Judicatura de salas especializadas competentes para instruir procesos penales contra militares. Esta Hoja de Ruta busca contener la severa crisis de seguridad que afectó al país andino en 2025, año en el que se contabilizó la cifra récord de 9.283 homicidios. Según Noboa, contar con magistrados especializados brindará certeza jurídica a las tropas que actúen con apego a las normas operativas, al tiempo que permitirá diferenciar con rigor las actuaciones legítimas de los eventuales abusos de autoridad.

Antecedentes constitucionales y condenas en la jurisdicción común

La implementación de este fuero especial implica modificar el principio establecido en la Carta Magna de 2008, la cual abolió los tribunales militares y ordenó que las faltas y delitos de uniformados sean procesados por la justicia ordinaria. La propuesta resurge en un contexto marcado por fallos recientes en la vía común, como la condena dictada en diciembre pasado contra 16 militares a penas de hasta 34 años de prisión por la desaparición forzada y asesinato de cuatro menores en las cercanías de Guayaquil.

Tendencia regional y debate sobre la impunidad

La iniciativa ecuatoriana coincide con discusiones similares en la región, como la reciente entrada en vigor en Perú de una norma que excluye a policías y militares de la jurisdicción ordinaria por actuaciones en servicio. Aunque Noboa insiste en que las cortes castrenses no generarán impunidad, organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos han expresado reservas ante la posibilidad de que este tipo de tribunales limiten la rendición de cuentas por violaciones a las garantías fundamentales.

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