Los brasileños, la mayor comunidad extranjera en Portugal, se han visto afectados junto a otros migrantes por una nueva legislación que dificulta su llegada. Ana Paula Costa, presidenta de Casa do Brasil en Lisboa, señaló en entrevista con EFE que no esperaban que estos cambios fueran «tan rápidos ni tan agresivos».
En la sede de Casa do Brasil, ubicada en el turístico Bairro Alto, donde a diario llegan decenas de brasileños buscando asistencia legal, Costa comentó que era previsible que hubiera modificaciones en materia migratoria debido al auge del discurso político antiinmigración en Portugal. Sin embargo, no imaginaron que las medidas fueran «tan agresivas en cuanto al cierre de puertas» y que afectaran áreas como la reagrupación familiar y los visados de búsqueda de empleo, ni que se implementaran sin consultar «a todas las personas involucradas, incluyendo instituciones y sociedad civil».
El Gobierno conservador del primer ministro Luís Montenegro logró aprobar, con apoyo del partido de ultraderecha Chega, una modificación a la Ley de Extranjeros tras varios debates en el Parlamento y el Tribunal Constitucional. Esta semana se espera la votación para endurecer la Ley de Nacionalidad con nuevas restricciones.
CPLP
Estos cambios generan «sentimientos de miedo e inseguridad y la idea de que los inmigrantes no son bienvenidos», además de revertir la perspectiva «cada vez más humanista» que Portugal había adoptado, siendo un país considerado «acogedor» para los extranjeros. Costa lamentó que antes «no existía ese intento de crear separación o enemistad entre portugueses e inmigrantes».
La legislación ya elimina los visados de búsqueda de trabajo —un instrumento al que podían acceder ciudadanos de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), a la que pertenecen los brasileños—, que ahora se otorgarán solo a personas «altamente cualificadas», sin que aún se definan los criterios.
Costa calificó esta medida de «incomprensible», ante la falta de mano de obra en sectores como construcción, turismo, restauración y cuidados, y la consideró «claramente discriminatoria».
Más allá de las medidas, lo más alarmante para Costa es el discurso político y social, «muy agresivo» y que «deshumaniza» a los inmigrantes, responsabilizándolos injustamente por problemas sociales. Ella refutó la supuesta correlación entre aumento migratorio y delincuencia, un nexo falso pero «muy eficaz» en un contexto de inestabilidad social provocado por los altos precios de vivienda y bajos salarios.
Tensión social
La activista afirmó que esta «tensión social», alimentada por discursos racistas de la extrema derecha, es una coartada para evitar que el Estado enfrente los problemas reales que afectan a la población. Recordó que es responsabilidad del Estado crear condiciones dignas para residir en el país y que no puede culpar ni castigar a las personas cuando falla en ello.
Costa negó que haya habido una «invasión o entrada masiva» de migrantes, argumento usado por el Gobierno y Chega para justificar las restricciones. Explicó que hubo un aumento en la inmigración, pero derivado de la regularización de procesos administrativos desde 2020 y no de un flujo masivo.
Esta falsa narrativa alimenta la discriminación y el racismo, y resulta agotadora para los migrantes. Costa teme nuevas medidas restrictivas porque «el discurso antiinmigración se ha legitimado» y la escasa movilización contra las reformas ha dejado a los extranjeros sintiéndose «aislados y poco apoyados».
«No se sienten protegidos en el país que ayudan a construir, y eso es desmotivador», concluyó.
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