Entre enero de 2020 y septiembre de 2024, en México se documentaron al menos 58 fosas clandestinas directamente vinculadas con feminicidios, dentro de las cuales se hallaron los restos de 92 mujeres. El estudio Trazar la Ausencia, Caminar la Esperanza, desarrollado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (UIA), reveló un patrón atípico en estos crímenes: el 60,7 % de los hallazgos se registró en inmuebles privados, a diferencia de los contextos habituales vinculados a la delincuencia organizada en los que predominan brechas, cerros o barrancas.
Propiedades compartidas
Del porcentaje correspondiente a inmuebles privados, un 38,2 % de los casos se localizó en viviendas pertenecientes a la propia víctima, al perpetrador o en espacios que ambos compartían. Especialistas del informe destacaron la necesidad de que las autoridades judiciales agilicen y faciliten la emisión de órdenes de cateo. Esto permitiría a los colectivos de búsqueda ingresar a recintos cerrados donde se presume la existencia de víctimas de feminicidio aún no localizadas por las barreras técnicas y legales que protegen la propiedad privada.
Contraste entre los registros oficiales y los medios
La investigación evidenció notables discrepancias entre los datos gubernamentales y los reportes periodísticos. En el marco general de la crisis que acumula miles de personas desaparecidas y restos sin identificar bajo resguardo estatal, se determinó que mientras las fiscalías contabilizan más fosas clandestinas, la prensa reporta un volumen 46 % mayor de cuerpos localizados en el mismo periodo. Asimismo, se precisó que un 70 % de los casos analizados contó con clasificación oficial de feminicidio.
Riesgo constante para las familias buscadoras
Activistas y colectivos de familiares subrayaron que continúan asumiendo las labores de rastreo e investigación que corresponden a las instituciones públicas. Esta situación los expone a constantes riesgos de seguridad y agresiones directas durante los despliegues de campo en diversos puntos del país, mientras exigen garantías para acceder a predios privados e identificar los restos resguardados.
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