Ciudad Guayana. En el foro que se llamó «La iglesia, la Universidad y la sociedad civil le hablan al país», uno de los ponentes, Celestino Aponte, acompañado del sacerdote José Virtuoso, Rector de la UCAB y Monseñor Ulises Gutiérrez., arzobispo de la arquidiócesis de Ciudad Bolívar, leyó la “carta pública al Presidente encargado Juan Guaidó, en donde plasmó la grave situación económica, política y social de todo el estado Bolívar…”
Dicha carta elaborada conjuntamente por Carolina Medina, Celestino Aponte, Bismark Ortiz, Aquiles Salazar y Antonio Montes, de la Unidad Opositora, hicieron un resumen de la delicada situación política existente en la geografía del estado Bolívar y, en segundo lugar, una propuesta de políticas públicas que estiman de suma urgencia y necesidad implantar.
En primer lugar denunciaron que en el sur y noroeste de esta entidad federal, el “Estado”, como institución política, “perdió el control de buena parte del territorio, donde bandas criminales y grupos paramilitares (ELN) no sólo ejercen control territorial sino que imponen su “ley” sometiendo y extorsionando a mineros artesanales y a comunidades agrícolas…”
Señalaron además que “persiguen y desplazan comunidades indígenas autóctonas de la región. Todo eso sobre la base de una poderosa capacidad de fuego que supera, en ocasiones, a la de los cuerpos de seguridad del Estado, a lo cual se suma la corrupción que impera en sectores de los cuerpos de seguridad, civiles y militares, cuyo comportamiento es similar al de los grupos delictivos, que además han hecho del atropello a ciudadanos y del abuso del poder una práctica cotidiana, clara y abiertamente contraria a los derechos humanos…”
PROPUESTA.
Los firmantes proponen en primer lugar decretar estado de excepción en el territorio del estado Bolívar, que comprende a los municipios El Callao, Sifontes, Gran Sabana, Angostura, Sucre y Cedeño, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 326, 337 y 338 constitucional.
Además designar una Comisión Ad hoc, con el mandato expreso y específico, de realizar los estudios necesarios acerca de la situación planteada y la definición de un cuerpo de políticas públicas destinadas a restablecer el control territorial, la seguridad ciudadana, la preservación del ambiente y el ejercicio pleno de la soberanía en el ámbito indicado.
Además esperan “presentar a la consideración de la Asamblea Nacional, un proyecto de ley especial que autorice al gobierno provisional para que solicite a las Naciones Unidas y los países aliados, refuerzos militares, si fuera necesario, para desalojar de Guayana a las bandas criminales y paramilitares antes señaladas…”
También aguardan “ratificar la derogación del Decretos 2.248 que crea el denominado Arco Minero del Orinoco y promueve la explotación irracional e indiscriminada de los recursos naturales. Decreto derogado por la Ley de Creación y Protección de la Mega Reserva Nacional de Agua Dulce sancionada por el parlamento nacional el 27 de noviembre de 2.018. Demandamos acciones concretas dirigidas a la conservación y defensa de las aguas subterráneas, ríos, bosques, fauna y suelos, del frágil ecosistema de Guayana….”abogaron.
Finalmente esperan acordar con los poderes públicos municipales del área afectada, “una política conjunta para la definición, promoción e implantación de una estrategia de desarrollo humano que supere el tradicional enfoque asistencialista; así como abordar la formulación de proyectos de desarrollo económico, estratégicos y sostenidos, para el desarrollo local…”
Redacción SNPD
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