Caracas.-Según el monitoreo de femicidios elaborado por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), en los primeros ocho meses de 2021 hubo 177 femicidios consumados y 23 frustrados en Venezuela. Además se estima que, en promedio, en el primer semestre del año hubo una acción femicida cada 20 horas.

Las cifras reportadas por el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) de casos de femicidios consumados y frustrados en Venezuela y de mujeres venezolanas en el exterior, siguen generando preocupación.

En promedio, hubo una acción femicida cada 18 horas, lo cual dejó como consecuencia, en total, siete niños(as) que quedaron huérfanos(as) y, en uno de los casos, uno de ellos fue testigo presencial del femicidio de su madre.

El 63,4% de las víctimas tenían un rango de edad de 19 a 48 años y dos de ellas estaban embarazadas. Los crímenes ocurrieron: El 23,3% en Miranda, el 16,7% de los femicidios ocurrió en el Distrito Capital, el 10% en Aragua y el 10% en Sucre.

Las ONG recordaron que la Ley para una vida libre de Violencia contra la Mujer, tal como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia López Soto contra Venezuela, “no ha generado efectos suficientes para prevenir la violencia contra la mujer, ya que persiste la carencia de políticas públicas con enfoque de género y la falta de capacitación de los agentes del Estado que brindan atenciones primarias a las sobrevivientes de violencia sexual, víctimas indirectas de feminicidio, entre otros”.

A pesar del incremento de casos de femicidios, las ONG consideran que el Estado venezolano “no garantiza la protección, promoción y respeto de los derechos de las mujeres, perpetuando así un círculo de impunidad en el agresor y generando desconfianza que impide a las víctimas a denunciar, las priva del derecho a una reparación efectiva, así como el acceso a las garantías de no repetición”.

La falta de investigaciones eficientes y condenas a los responsables, destacaron las organizaciones, responde a un patrón de impunidad “que perpetúa la discriminación estructural y la violencia institucionalizada en contra de las mujeres”.

Con información de la CEPAZ