El Centro de Estudio para la Democracia en Honduras (Cespad) advirtió este martes que el Gobierno de Nasry Asfura, que este miércoles cumple sus primeros 100 días, no ha mostrado un «cambio de rumbo significativo». Según el informe oficial del organismo, la gestión que inició tras las polémicas elecciones de noviembre de 2025 mantiene un modelo económico y político que prioriza el pago de la deuda y el fortalecimiento del aparato de seguridad por encima de las necesidades sociales.
Para el director del Cespad, Gustavo Irías, la administración de Asfura se ha limitado a «administrar la crisis» sin atacar las causas estructurales de la desigualdad. El informe destaca que el modelo actual sigue sustentado en la dependencia externa y la promoción de proyectos extractivos, los cuales avanzan mediante la agilización de licencias que omiten la consulta previa a las comunidades afectadas.
Debilidades en la agenda anticorrupción
El organismo expresó su preocupación por la falta de una ruta clara contra la corrupción. El documento denuncia el retorno de prácticas cuestionables como las compras directas, el uso de fideicomisos y el clientelismo político, evidenciado en la entrega de bonos a diputados. Asimismo, se critica la recentralización del control en la Procuraduría General de la República (PGR), lo que pone en duda su independencia institucional.
Conflictos territoriales e impunidad
En materia de derechos humanos, el informe alerta sobre la «impunidad alarmante» en crímenes contra defensores ambientales y la continuación de desalojos violentos en comunidades campesinas. Según el estudio, las decisiones gubernamentales parecen favorecer a los sectores agroexportadores y megaproyectos, criminalizando a quienes defienden el territorio y desatendiendo los derechos de poblaciones indígenas y afrodescendientes.
Crisis en el sistema de salud y retrocesos sociales
El Cespad señaló una preocupante tendencia hacia la privatización de la salud mediante la contratación de clínicas privadas, mientras los hospitales públicos sufren por la falta de insumos y una mora quirúrgica sin resolver. En cuanto a derechos de género, el organismo denunció una narrativa «conservadora» que pone en riesgo los derechos reproductivos y lamentó que la impunidad en femicidios alcance el 95 %.
Respuesta ante la violencia e inseguridad
Finalmente, el estudio sostiene que la violencia ha repuntado en el país con un incremento en los homicidios diarios y la reaparición de masacres. Ante este escenario, el Cespad critica que la respuesta oficial siga siendo meramente «reactiva y militarizada». Por su parte, el presidente Asfura ha solicitado paciencia a la opinión pública, pidiendo que se le evalúe por los resultados de los 45 meses restantes de su mandato.
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