Panamá apuesta por impuesto del 15 % a multinacionales para salir de la lista gris de la UE

El Gobierno panameño ha puesto en marcha una ofensiva legislativa para retirar al país de la lista de la Unión Europea (UE) de jurisdicciones no cooperantes en materia tributaria. La pieza central es un proyecto de ley que establece un impuesto del 15 % sobre la renta bruta para aquellas empresas multinacionales que no logren demostrar una actividad económica real o «sustancia» dentro del territorio nacional.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, convocó a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias desde el 4 de mayo hasta el 4 de junio, con el fin único de debatir esta materia. La iniciativa busca modificar el Código Fiscal para fortalecer el régimen tributario y establecer requisitos específicos sobre rentas pasivas de fuente extranjera, según detalló el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Cumplimiento de estándares de la Unión Europea

El ministro Felipe Chapman calificó la aprobación de esta ley como el requisito más crítico exigido por la UE. De ser ratificada por el Legislativo, Panamá aspira a salir del listado de castigo en la revisión técnica de octubre de 2026 o, en su defecto, en febrero de 2027. Chapman subrayó que, aunque mantienen un diálogo constante con el bloque europeo, el principio de territorialidad tributaria de Panamá se mantiene como un punto «no negociable».

Requisitos de sustancia económica

La ley exige que las multinacionales demuestren presencia física y operativa en el país, lo que incluye contar con empleados y declarar gastos locales. Según el titular del MEF, el impuesto del 15 % no es una medida arbitraria, sino un estándar global diseñado para evitar que las empresas utilicen el sistema jurídico panameño sin generar un impacto económico real en la nación.

Impacto en la inversión extranjera

Lejos de ser un desincentivo, el Ejecutivo asegura que las propias empresas han solicitado esta legislación. La norma permitiría a las compañías ya establecidas reducir costos operativos globales y eliminar sanciones que reciben en sus países de origen por operar en una jurisdicción señalada. Asimismo, se espera que la nueva seguridad jurídica abra las puertas a empresas internacionales que han mostrado interés en trasladar sus operaciones a Panamá.

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