Un nuevo análisis de la Institución Brookings, compartido con The New York Times, estima que más de 100.000 menores han sido separados de sus progenitores durante las operaciones de deportación del gobierno de Donald Trump, superando drásticamente las cifras oficiales registradas hasta la fecha.
El estudio, basado en un análisis estadístico de la población detenida y datos de la Oficina del Censo, sugiere que aproximadamente 145.000 de los 205.000 niños afectados por la detención de sus padres son ciudadanos estadounidenses. Los investigadores sostienen que las cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) son un recuento insuficiente, posiblemente porque la agencia no consulta sistemáticamente sobre la existencia de hijos o por el temor de los detenidos a revelar esta información ante el riesgo de poner en peligro a los menores.
El impacto de estas medidas es profundo: muchos de estos niños quedan al cuidado de hermanos mayores, vecinos o amigos en situaciones precarias, ya que, según los expertos, los convenios de custodia resultan a menudo insostenibles a largo plazo. Mientras tanto, familias como la de Ledy Ordonez, una madre detenida que enfrenta una inminente deportación, luchan por no perder el vínculo permanente con sus hijos nacidos en Estados Unidos.
Aunque el gobierno ofrece a los padres la opción de ser expulsados junto a sus hijos o dejarlos bajo el cuidado de terceros, el sistema actual impide retener a ciudadanos estadounidenses en los centros de detención de migrantes, lo que obliga a las familias a enfrentar la disyuntiva de la separación forzosa o el exilio.
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