

La hacienda La Palmira, un predio de casi 2.000 hectáreas en el sur del departamento colombiano de Córdoba que durante años estuvo ligado al paramilitarismo, volvió a manos del Estado para ser entregado a organizaciones campesinas. Este proceso resume una de las principales apuestas de la reforma agraria impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.
En un viaje de más de dos horas desde el casco urbano del municipio de Pueblo Nuevo, policías, funcionarios y campesinos avanzaron por un camino de tierra hasta llegar a la vieja casa principal del predio, donde el techo de zinc se ve oxidado, la pintura blanca apenas resiste el paso del tiempo y la maleza cubre los jardines de una propiedad donde el silencio parece haberse instalado hace años.
Sobre una mesa de madera reposa un mapa satelital de la finca, que tiene una extensión similar a la de la isla caribeña de San Andrés. A su lado, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, leyó la resolución que oficializa la recuperación del predio. Este trámite administrativo representa para cerca de un centenar de familias campesinas la posibilidad de volver a una tierra que ya les había sido adjudicada y de la que nunca pudieron tomar posesión.

Origen de la propiedad y los obstáculos legales
La Palmira fue incluida en el Fondo para la Reparación de las Víctimas después de que el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, la señalara entre los bienes entregados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y declarara que desde allí se coordinaban operaciones armadas y financieras de ese grupo. Sin embargo, durante años la hacienda permaneció en manos de particulares que la explotaban sin ser sus propietarios y sin que el Estado obtuviera recursos para reparar a los afectados.
Para Harman, La Palmira simboliza una política con un doble propósito: convertir una antigua hacienda del paramilitarismo en tierra para productores y, al mismo tiempo, aportar recursos para reparar a las víctimas del conflicto. La ANT adjudicó formalmente el espacio a varias organizaciones campesinas en julio de 2025, pero acciones judiciales, disputas sobre la delimitación del terreno y denuncias de amenazas impidieron que los beneficiarios pudieran ocuparla en su momento. Por ello, la institución regresó para recuperar el control de la propiedad, definir una servidumbre de paso por una finca vecina y garantizar el ingreso seguro de las comunidades.
Expectativas de reactivación agropecuaria
«Cintura hace rato que no venía cosechando porque no tenía dónde», manifestó Santiago Manuel Arroyo Rivera, representante legal de la organización campesina Raíces de San José de Cintura, un corregimiento de Pueblo Nuevo cercano a La Palmira, mientras observaba la inmensidad de los potreros donde espera sembrar junto con otras 97 familias. El vocero añadió que muchos productores buscan un pedazo de tierra para trabajar y que la expectativa es grande debido al deseo colectivo de convertir esta zona en una despensa agrícola.
Pese al entusiasmo de las familias, buena parte de las casi 2.000 hectáreas permanecen prácticamente improductivas. Durante el recorrido de inspección apenas se observaron unos pocos animales perdidos entre el verde intenso de la maleza que cubre los potreros. Tras recorrer más de 1.100 hectáreas, la dirección de la ANT confirmó el nulo aprovechamiento del suelo, detectando únicamente unos pocos búfalos y algunos caballos.
Balance de la política agraria
El director de la ANT afirmó que el siguiente paso de la gestión será garantizar condiciones plenas de seguridad para los beneficiarios, tras denunciar supuestos hostigamientos y amenazas persistentes contra las organizaciones campesinas de la zona.
A menos de un mes de que concluya el período presidencial el próximo 7 de agosto, La Palmira se ha convertido en una de las imágenes de la reforma agraria que la administración busca consolidar como legado. Según balances oficiales, esta política ha formalizado más de 2,28 millones de hectáreas, entregado 351.000 e incorporado otras 806.081 al Fondo de Tierras. Para los beneficiarios, la verdadera recuperación comenzó con la oportunidad real de regresar a una región antes marcada por el miedo y el abandono, donde ahora planean cosechar maíz, ñame y arroz.
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