El Gobierno de Colombia anunció que inicia una actuación administrativa para «someter al grado de supervisión denominado ‘control'» a Monómeros, empresa estatal petroquímica venezolana, ante «la posible venta de sus acciones», indicó la Superintendencia de Sociedades en un comunicado.
«El control es el máximo grado de supervisión, de carácter societario, que ejerce la Superintendencia de Sociedades, preventivamente, con el fin de preservar la empresa como unidad productiva y fuente generadora de empleo», agregó la Superintendencia.
El organismo aclaró que «el grado de supervisión denominado ‘control’ no es una toma de posesión ni faculta a la Superintendencia de Sociedades para coadministrar la Sociedad, quien conserva su autonomía con las limitaciones y para los fines indicados en la Constitución y la ley, con plena garantía de sus derechos».
Esta decisión se adoptó «dada la financiación que percibe mayoritariamente por sus vinculados, la cual, en el escenario de una enajenación de sus participaciones podría generar y materializar un riesgo de insolvencia».
«Ante posibles riesgos que afectan el interés general nuestro deber es actuar oportunamente, conscientes de la importancia que tienen las sociedades para la economía nacional y en el caso particular de Monómeros, por su relevancia para el agro, la soberanía alimentaria y los campesinos colombianos», señaló el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, citado en el comunicado.
Rechazos a intentos de privatización
La oposición venezolana rechazó la semana pasada la presunta intención del Gobierno de Nicolás Maduro de privatizar Monómeros, al considerarla una «empresa clave para el Estado venezolano».
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó en X una carta dirigida a Maduro, con fecha del 8 de noviembre, en la que expresa su oposición a «la decisión» del ministro de Industria y Producción de Venezuela, el empresario colombiano Alex Saab, de «vender y privatizar» Monómeros.
En la misiva señaló que durante más de cinco décadas la empresa ha beneficiado a campesinos de ambos países con producción y venta a «precio justo» de insumos agrícolas y, actualmente, garantiza a «millones de familias» la productividad de sus tierras, por lo que su privatización «implicará el encarecimiento de los productos».
Asimismo, obligaría a los productores a «depender de productos extranjeros y del precio de insumos agrícolas del mercado internacional», según el mandatario colombiano.
Maduro, cuyo Gobierno asegura mantener canales de comunicación constantes con el Ejecutivo colombiano, no se ha referido públicamente a este tema, y se desconoce si ha hablado con su homólogo en los últimos días.
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