En un escenario tenso y un conflicto legal, la Junta Directiva electa, el pasado mes de agosto 2023, del Centro Comercial Ciudad Alta Vista II intentó tomar posesión de las instalaciones físicas del mencionado mall.
La acción se llevó a cabo en medio de un prolongado litigio con la antigua junta directiva, que se niega a entregar la propiedad y rendir cuentas sobre su gestión, incluyendo una auditoría.
La situación se volvió más tensa cuando los antiguos directivos impidieron el ingreso a la Jueza del Tribunal, frustrando así la toma de la nueva directiva.
Los abogados y miembros de la electa junta explicaron que desde el pasado agosto del 2023 han enfrentado muchos obstáculos para ejercer sus funciones en el Alta Vista I y II, además del Centro Comercial Trébol 3, ubicado en el Centro de Puerto Ordaz.
Desde entonces, la nueva junta directiva no ha podido llevar a cabo sus responsabilidades, debido a que la junta saliente se los impide.
Junta entrante pide investigación
Iván Frischi, líder de la junta directiva entrante, declaró que la nueva directiva no tiene otro objetivo que «no sea el de lavarle la cara a los verdaderos propietarios del centro comercial».
«Hemos sido víctimas de un entramado de fallos que han obstaculizado nuestra entrada y necesitamos urgentemente auditar lo que está sucediendo aquí», sostuvo.
Asimismo, denunció la presunta mala administración autocrática y unilateral de la antigua directiva, que ha dado el resultado del desalojo de aproximadamente 300 adjudicatarios sin consulta previa, calificando estas acciones como «terroristas».
Frischi expresó la necesidad de investigar a fondo estas acusaciones y aclarar la situación para garantizar la transparencia y justicia en la gestión de los centros comerciales.
En un llamado a la acción, el empresario resaltó que la nueva junta directiva está comprometida a corregir los presuntos abusos y atropellos cometidos por la administración pasada, con el fin de restaurar la integridad y transparencia en la gestión de las propiedades.
El conflicto legal representa no solo un desafío para las partes involucradas, sino también un tema de interés público que pone en entredicho el desarrollo económico y la estabilidad de la ciudad.
La nueva junta directiva precisó que se compromete a esclarecer los hechos y a garantizar que se haga justicia para todas las partes afectadas.
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