Caracas.- La empresa Monómeros Colombo Venezolanos, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ubicada en Colombia, ratificó su desacuerdo con la decisión de la Superintendencia de Sociedades colombiana, que pretendía intervenir a la empresa para someterla a ajustes necesarios para corregir su situación de crisis, publica Versión Final.

En lugar de acatar la medida de la superintendencia, entregaron una solicitud formal para acoger el decreto 560 de 2020 emitido en el Gobierno de Iván Duque, un recurso legal que faculta al Gobierno para aplicar “mecanismos extraordinarios de salvamento y recuperación”

Este mecanismo propone una especie de “tregua” mediada por el Gobierno colombiano, mediante la cual se establece una negociación con los acreedores para acordar acciones que permitan recuperar a la empresa.

El decreto detalla que se deben acoger medidas transitorias para diseñar, junto con proveedores, trabajadores y acreedores, un plan de salvamento que buscaría garantizar la sostenibilidad de la empresa y a su vez, preservar los empleos que genera, así como proteger la seguridad alimentaria en Colombia, debido al peso que tiene la compañía para la actividad agrícola colombiana.

Este plan de salvamento podría ser fundamental para el futuro de la empresa, especialmente después de que la Superintendencia de Sociedades expidiera la resolución de toma de control debido a que se destaparon las cifras reales de la situación financiera de la empresa, que evidenciaban un recorrido directo a la quiebra.

La junta directiva de Monómeros se mostró en contra de la toma de las autoridades gubernamentales y apelaron la decisión, a pesar de que coincidieron en que la empresa debe someterse a correctivos.

La postura de la junta directiva provocó la renuncia de su presidenta, Carmen Elisa Hernández, quien consideraba que el mejor camino para Monómeros era someterse al control de la superintendencia colombiana.

En medio de su crisis administrativa y financiera, el procedimiento especial concede a Monómeros tres meses para negociar un plan que permita dar paso a su recuperación. Entretanto, la empresa asegura que contará con la protección de las leyes colombianas para mantener sus operaciones, de manera que cumpla con sus trabajadores, proveedores y acreedores.